Desde 2019 la Corte Suprema de Justicia adelanta un proceso judicial en contra del exgobernador del departamento de Nariño. La motivación son las presuntas inconsistencias que detectó la Fiscalía General en las condiciones para la comercialización del aguardiente en la región.
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Los investigadores identificaron presuntas condiciones irregulares de un contrato que, según la Fiscalía, comprometió recursos que superaron los 18 mil millones de pesos. Según la versión del ente acusador todo el detrimento emanó del decreto de fecha del 24 de agosto de 2016.
Romero en diversas ocasiones ha argumentado que no se trató de un contrato para adquirir un bien o un servicio, sino una venta de 80 mil cajas de aguardiente en 2016 durante su periodo como gobernador , y que todo el rédito entró a la Gobernación, tal como lo certificó, según Romero, la Contraloría.
En días pasados, el precandidato presidencial por la Alianza Verde radicó una solicitud ante la Corte Suprema para que se revisen y corrijan las actuaciones irregulares en el caso que afronta ante ese alto tribunal.
Denunció que desde la fecha de acusación la Fiscalía ha dilatado este proceso ante la Corte y añadió que en esta investigación iniciada desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, no se pudo comprobar que se hubiese presentado pérdida de dinero.
Dilataciones e incongruencias
Romero aseguró que en su proceso, en la Sala Especial de Primera Instancia, se han cometido desde excesos hasta irregularidades que violan sus derechos y amenazan la imparcialidad que debe tener la administración de justicia.
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