Para el concejal William Pérez, de La U, el Código de Policía o Ley 1801 del 29 de julio de 2016 que entra en vigencia el 1 de agosto, no debe ser una herramienta represiva contra los más pobres de la ciudad, ni debe ser utilizada para coartar sus derechos al trabajo, entre otros.
Pérez destacó los esfuerzos que está haciendo el Distrito para controlar los negocios que violan las normas pero sostiene que las medidas de control no pueden atentar contra los más necesitados de la ciudad.
El concejal hizo un llamado de atención a las autoridades distritales para que se implemente un plan de socialización o formación del nuevo Código de Policía en las comunidades, sobre todo por la realización de operativos de cierre de negocios.
Se refirió a algunas publicaciones en medios de comunicación donde aparece el alcalde Manolo Duque, y varios secretarios de despacho, cerrando establecimientos de comercio.
“Le di mi voto de confianza a Manuel Vicente Duque y quiero dejar como constancia que el alcalde lo está haciendo bien y hay que apoyarlo, pero también tengo que decir que no se concibe cómo llega la Policía y algunos funcionarios a cerrar establecimientos a la brava, en los barrios pobres.
Parece ser que existe la idea de que la inseguridad está en los barrios pobres, donde la gente ante la falta de empleo vive del rebusque, vendiendo comida o cervezas. Resulta que están persiguiendo es a los pobres, mientras hay negocios que alteran el orden público en toda la ciudad. Invito a que se establezcan otros métodos con la gente, que prime el dialogo para que exista un punto de equilibrio”, dijo.
El concejal Américo Mendoza apoyó la postura de su colega y dijo que la necesidad de socializar el nuevo Código “es urgente antes de seguir realizando cierres de negocios”.
“Tengo entendido que los funcionarios que realizan los operativos llegan en la noche a cerrar establecimientos y una de las cosas que exigen es el certificado del uso del suelo, cuando no tenemos ni un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente, ni hay capacidad administrativa para expedir ese tipo de certificados”, explicó.
El concejal, David Dáger, precisó que se le debe dar cumplimiento al Código de Policía, que busca garantizar “la buena convivencia; que se haga cumplir la ley, pero debe haber formas para socializar esta norma”.
Vicente Blel, de Cambio Radical, instó a las autoridades a aplicar la ley “pero en toda la ciudad”, incluyendo a los negocios que existen en las plazas.
“Vamos a cerrar establecimientos legales, mientras hay otros negocios informales en las plazas del Centro que venden de todo y en el espacio público. Que revisen todos los establecimientos”, indicó.
El Concejal Américo Mendoza sostuvo que la administración “debe ir pensando en un emplazamiento a los pequeños negocios antes de realizar esos operativos para no afectar nuestra economía, donde la informalidad hoy es del 56%, según la prensa. Pedimos a la administración que aclare las reglas de juego para no afectar al pequeño comercio”.
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