La percepción de corrupción en el sector público en Colombia está en aumento según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) basado en todo el año 2018. En esta edición la entidad advierte que el país cae de 37 a 36 puntos sobre 1.001 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición.
Según Andrés Hernández, director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional, “sin lugar a duda los esfuerzos que se han realizado para enfrentar esta grave problemática en los últimos años, no han sido suficientes, y la corrupción está poniendo al Estado contra la pared”.
Hernández destaca que “entre los países de América Latina, Colombia obtiene el mismo puntaje de Panamá y se ubica por debajo de Argentina con 40 puntos. Brasil y Perú tienen una calificación similar (37). Algunos de los países que obtienen puntajes más bajos que Colombia son Ecuador, 34 puntos, y Venezuela, 18 puntos. Entre los países OCDE el puntaje de Colombia es aún más preocupante: el país ocupa el penúltimo lugar entre 36 países, superando solo a México”.
Con los resultados del 2018, el país termina cuatro años de estancamiento en un puntaje de 37 sobre 100, para caer a una calificación de 36 puntos. “En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, indicó Hernández.
Aunque no existen fórmulas mágicas para derrotar la corrupción, ni recetas que se repliquen de un país a otro con el mismo efecto, sí es claro que para modificar esta tendencia se necesitan cambios estructurales.
En este contexto, Transparencia por Colombia considera necesario avanzar en tres frentes: “En primer lugar, el gobierno del presidente Iván Duque debe ser completamente consecuente con el compromiso de lucha contra la corrupción que ha manifestado públicamente. Su liderazgo es imprescindible para impulsar cambios estructurales en materia de contratación pública y empleo público, mejorar las condiciones de protección a denunciantes de corrupción, y poner un fuerte énfasis en la prevención y sanción de la corrupción en sectores de alto impacto para la ciudadanía como la salud, la educación y la infraestructura. Todo esto deberá recogerse en una nueva estrategia nacional de lucha contra la corrupción, clara y efectiva, anclada en el Plan Nacional de Desarrollo”.
En segundo lugar, sugiere Transparencia “es urgente hacer todos los esfuerzos necesarios para recuperar la legitimidad en el sistema judicial. Los escándalos de corrupción que han involucrado a exmagistrados de altas cortes y el fuerte cuestionamiento al fiscal general de la Nación por sus conflictos de interés en el caso Odebrecht afectan gravemente la credibilidad del sistema”, indicó Hernández.
El país menos corrupto en el mundo es Dinamarca, que está en el primer puesto con una calificación de 88 puntos, seguido de Nueva Zelanda, 87 puntos, Finlandia, 85 puntos, y Singapur 85 puntos.
Alemania está en el puesto 11, con 80 puntos, mientras que Estados Unidos está en el 22 con 71 puntos. El país más corrupto es Somalia con una calificación de 10 puntos que la ubica en el puesto 180. El mejor país latinoamericano es Uruguay en el puesto 23 con una calificación de 70 puntos; seguido de Chile, en el puesto 27 con 67 puntos; y Cuba en el puesto 61, con una calificación de 47 puntos. Colombia está en el puesto 99, con una calificación de 36 puntos, mientras que Venezuela tiene una calificación de 18 puntos y está en el puesto 168. Los datos son de Transparencia Internacional y fueron revelados por Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, filial de la primera entidad.
La percepción de corrupción en el sector público en Colombia está en aumento según este Índice de Percepción de Corrupción (IPC) basado en todo el años 2018 de Transparencia Internacional. En esta edición la entidad advierte que el país cae de 37 a 36 puntos sobre 1001 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición.
Según Andrés Hernández, director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional, “sin lugar a duda los esfuerzos que se han realizado para enfrentar esta grave problemática en los últimos años, no ha sido suficientes, y la corrupción está poniendo al Estado contra la pared”.
Hernándeza destaca que “entre los países de América Latina, Colombia obtiene el mismo puntaje de Panamá y se ubica por debajo de Argentina con 40 puntos. Brasil y Perú tienen una calificación similar (37). Algunos de los países que obtienen puntajes más bajos que Colombia son Ecuador, 34 puntos y Venezuela, 18 puntos. Entre los países OCDE el puntaje de Colombia es aún más preocupante: el país ocupa el penúltimo lugar entre 36 países, superando únicamente a México 28 puntos”.
Con los resultados del 2018, el país termina cuatro años de estancamiento en un puntaje de 37 sobre 100, para caer a una calificación de 36 puntos. “En un contexto en el cual la corrupción es el tema más
preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, indicó Hernández.
¿Hacia dónde debe avanzar Colombia?
Aunque no existen fórmulas mágicas para derrotar la corrupción, ni recetas que se repliquen de un país a otro con el mismo efecto, sí es claro que para modificar esta tendencia se necesitan cambios estructurales.
En este contexto, Transparencia por Colombia considera necesario avanzar en tres frentes: “En primer lugar, el gobierno del Presidente Iván Duque debe ser completamente consecuente con el compromiso de lucha contra la corrupción que ha manifestado públicamente. Su liderazgo es imprescindible para impulsar cambios estructurales en materia de contratación pública y empleo público, mejorar las condiciones de protección a denunciantes de corrupción, y poner un fuerte énfasis en la prevención y sanción de la corrupción en sectores de alto impacto para la ciudadanía como la salud, la educación y la infraestructura. Todo esto deberá recogerse en una nueva estrategia nacional de lucha contra la corrupción clara y efectiva, anclada en el Plan Nacional de Desarrollo”.
Mejorar la justicia
En segundo lugar, sugiere Transparencia “es urgente hacer todos los esfuerzos necesarios para recuperar la legitimidad en el sistema judicial. Los escándalos de corrupción que han involucrado a ex magistrados de altas cortes y el fuerte cuestionamiento al Fiscal General de la Nación por sus conflictos de interés en el caso Odebrecht afectan gravemente la credibilidad del sistema. El sistema judicial debe incorporar mecanismos de prevención y manejo de conflictos de interés para evitar la influencia de intereses particulares, fortalecer los canales internos de denuncia y la protección a denunciantes de corrupción, y garantizar la imparcialidad de quienes asumen la responsabilidad de impartir justicia. También es necesario hacer uso de todos los recursos legales disponibles para asegurar la reparación del daño causado por los actos de corrupción”.
El presidente de la República y el Congreso deben cumplir con los compromisos públicos que hicieron ante los resultados de la Consulta Anticorrupción y adelantar una agenda legislativa donde resulta imprescindible fortalecer un régimen de control a los conflictos de interés y a la puerta giratoria de altos funcionarios del Estado, avanzar en legislación en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, y reactivar las reformas política y a la justicia, plantea Transparencia por Colombia.
“En medio de esta grave situación, genera esperanza el amplio rechazo que cada vez más expresa la ciudadanía contra la corrupción. Esto se evidenció en la alta votación de la Consulta Anticorrupción de agosto de 2018, en un sinnúmero de expresiones y movilizaciones ciudadanas reclamando acciones efectivas contra la corrupción, y en el incansable trabajo de medios de comunicación y periodistas independientes que contribuyen a ejercer contrapeso al abuso del poder”, indicó Hernández.
La calificación del Índice de Percepción de Corrupción 2018 se elaboró mediante datos proporcionados por ocho fuentes distintas que consultan la opinión calificada de analistas, académicos e inversionistas
extranjeros respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público en cada país incluido en la medición, con especial énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva a casos de corrupción por parte del sistema judicial.
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