“Con $1.000 millones arreglaron a la Procuraduría”: Fiscalía

11 de agosto de 2017 07:18 AM

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Nuevas pruebas presentó la fiscal 53 Liliana Velásquez, para apoyar la solicitud de medida de aseguramiento con detención intramural para el alcalde Manolo Duque, su primo José Julián Vásquez, la contralora Nubia Fontalvo, y el concejal Jorge Useche.

De acuerdo con la fiscal 53, apoyada en el testimonio de uno de los testigos consultados para el voluminoso acervo probatorio, en el proceso se descubrió que un grupo de concejales habrían comprado, pagando desde 800 o hasta 1000 millones de pesos, por un fallo favorable, de segunda instancia, a un proceso disciplinario que se seguía en la Procuraduría General por la elección de la Contralora, fallado el 23 de diciembre de 2016.

Liliana Velásquez, fiscal del caso, citó que la Procuraduría había suspendió a 16 concejales de Cartagena por elección de Nubia Fontalvo, en primera instancia en septiembre del 2016.

La medida cobijó también a 10 exconcejales del período anterior, pero aún no se hizo efectiva por un recurso de apelación que resultó favorable meses después en diciembre.

La versión de que se habría pagado esa suma de dinero fue de Adolfo Raad, quien dijo que “eso se decía en los corrillos”. Los testimonios de Raad y sus querellas por la elección de la Contralora y el Personero fueron tenidas en cuenta por el ente acusador y que derivó en la captura del alcalde Manolo, su primo hermano, Useche y Fontalvo, hoy imputados con solicitud de medida de aseguramiento intramural.

Para este arreglo, habría entrado en juego una senadora de la República en favor de los concejales entre los que estaba Useche. Con todas estas pruebas, la fiscal pretende demostrar que la injerencia de José Julián Vásquez en la administración de Manolo en muchos frentes, y la forma cómo se habrían apoderado de la Contraloría Distrital, a partir de una “empresa criminal”, dice la fiscal.

Un audio de Hodeg

Los asistentes a las audiencias, que se trasmiten por video, contra Manolo y el grupo de imputados, no salían de su asombro por la cantidad de afectaciones y revelaciones que están causando las conversaciones de Useche y la concejal Angélica Hodeg , que según la Fiscalía, le han permitido atar cabos sueltos en una red mucha más amplia de corrupción que salpica a más concejales y funcionarios.

Una de esas llamadas, que probarían el negociado con la Procuraduría, está en una audio de la concejal Hodeg con un sujeto de nombre Rafael que soportaría este testimonio. En la conversación Angélica Hodeg, le responde al interlocutor que Jorge Useche no será suspendido porque el fallo de segunda instancia contra los concejales nuevos, “solo será una amonestación”.

Advierte en la conversación la concejal, que el único problema que le quedaría a Useche sería el de “El Champe”, apodo con que se conocería al concejal Rodrigo Reyes, quien entró al Concejo, tras un proceso electoral y que sacó de su curul a Zaith Adechine y no a Useche.

La conversación se dio en septiembre de 2016, así: Angélica: “La cosa está maluca, porque nos vamos a quedar sin concejal (Useche). Rafael: “¿Por la suspensión?”; Angélica: “No, no van a salir por la suspensión; van a sancionar a los más viejos, ya estos, (los nuevos), les van a poner una amonestación, eso viene de arriba... pero el problema de él (Useche) es El Champe”.

Posible obstrucción a la justicia

Lo que más llamó la atención de la fiscalía fue que en la recolecta de pruebas, que se basaron en audios, documentos y testimonios de varias personas, algunas cosas no cuadran.

Velásquez dijo que a las más de 400 horas de llamadas se sumaron los testimonios del veedor Jorge Quintana, quien presentó una querella contra la elección de la Contralora, de una mujer llamada Judith Benedetti; y de Adolfo Raad Hernández, exconcejal, que denunció los procesos contra la elección no solo de contralora, sino de personero. Asimismo las constancias y acciones de los concejales, Carlos Barrios, David Caballero, Vicente Blel, y César Pión.

Barrios presentó una constancia en enero de 2016 contra el proceso, aunque se declaró impedido de votar el proceso de elección, pero hizo reparos al mismo.
La fiscal 53 advirtió que “después cuando entrevistó a los concejales Caballero, Blel, y Pión, de quienes se sabía no habrían votado por Fontalvo, estos en las entrevistas personales se mostraron como testigos evasivos diciendo no recordar ni conocer aspectos de la elección de Fontalvo”.

La fiscalía apunta a que estos concejales que habrían votado por el otro aspirante a la Contraloría, Iván Sierra Porto, después obtuvieron prebendas del gobierno de Manolo Duque y de JJ Vásquez tal como lo demostrarían varios audios de llamadas.

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