En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Regional Bolívar, confirmó la destitución e inhabilidad de 10 años en contra de Mario Grisales Palomino, concejal del municipio de Montecristo, sur de Bolívar.
El Ministerio Público comprobó que el cabildante tomó posesión del cargo y lo ejerció a pesar de estar inhabilitado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el Artículo 40 de la Ley 617 de 2000), según los cuales no podía ser candidato ni concejal por haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad.
En sentencia de abril de 2009, el Juzgado Once Penal de Ibagué (Tolima) condenó a Grisales Palomino a la pena principal de 32 meses de prisión y multa de 20 salarios mínimos legales vigentes por el delito de inasistencia alimentaria.
La falta cometida por el ahora exconcejal de Montecristo (Bolívar) fue calificada como gravísima, cometida a título de dolo, por cuanto el disciplinado tenía conocimiento de su inhabilidad, comprendía que no podía posesionarse en el cargo y pese a ello tuvo la voluntad de hacerlo el pasado 2 de enero de 2012.
Contra esta decisión de segunda instancia no procede recurso alguno.
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