La Mesa Directiva del Concejo Distrital confirmó ayer que acogió el fallo de la Procuraduría Regional de Bolívar, en el que se suspende por tres meses del cargo al concejal Óscar Marín Villalba, pues el Ministerio Público considera que hubo presuntas irregularidades cuando el procesado retiró del cargo al anterior jefe de la Oficina Jurídica del Concejo, Felipe Santos Díaz. Ello ocurrió en marzo del año pasado, cuando Marín fungía como presidente del Concejo.
Tras las decisión, el Concejo ahora quedará con un integrante menos (con 18 concejales), así como la bancada conservadora, de la que hace parte el cabildante Marín.
La decisión que le toca tomar ahora a la Mesa Directiva, presidida por el concejal David Caballero, también del Partido Conservador, es si la curul que deja Marín momentáneamente queda vacante o si la debe ocupar quien sigue en la lista de ese partido. En primer lugar está Rafael Meza, quien fuera presidente del Concejo en el periodo pasado; y luego le sigue Cristian Herazo.
Este medio conoció que para tener un sustento jurídico fuerte, el Concejo Distrital consultará al Consejo de Estado sobre qué medida tomar al respecto. Cuando tenga ese concepto, se pronunciará al respecto.
En la sesión virtual de ayer, la Mesa Directiva del Concejo indicó que debe acoger el fallo como lo ordena la ley, pese a que el concejal sancionado pidió que no se tuviera en cuenta la decisión hasta tanto no se resuelva una tutela que interpuso ante el Tribunal Superior de Cartagena, pues considera que se violaron sus derechos. Alega que no pudo apelar el fallo de primera instancia de la Procuraduría porque no lo notificaron debidamente.
El cabildante explica que la notificación para que apelara el fallo se hizo por medio de un aviso que se colgó en una cartelera en la sede de la Procuraduría Regional, entre el 4 y el 8 de junio pasado, de lo cual no tuvo conocimiento. Dice que por las condiciones de la pandemia, debían avisarle por correo electrónico o llamarlo por teléfono.
A Marín lo sancionan por un proceso de marzo del 2019, cuando como presidente del Concejo retiró a Felipe Santos Díaz del cargo de jefe de la Oficina Jurídica. Este alegó que no se le respetó su fuero sindical y emprendió la acción legal. Pese a ello, Marín alega que esto no se debe tener en cuenta, pues este es un cargo de libre remoción y nombramiento.
El cabildante le había pedido a la Mesa Directiva del Concejo abstenerse de acoger el fallo hasta tanto no se resuelva la tutela que presentó ante la decisión de la Procuraduría, recordando que el 20 de febrero pasado el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, por este mismo caso, le dio la razón y desestimó los argumentos de Felipe Santos Díaz.
“Usted como presidente del Concejo Distrital tiene conocimiento que estos son los mismos hechos resueltos por el juez Primero Laboral del Circuito de Cartagena, en el que desestiman las pretensiones de Felipe Santos Díaz de reincorporación”, explicó Marín en un oficio de respuesta que envió al presidente de la Mesa Directiva del Concejo, advirtiendo que al acoger la medida de la Procuraduría conociendo el fallo del juzgado laboral, especialista en este tipo de casos, podría incurrir en una falta disciplinaria.
La ausencia de Marín trastoca el pasado de un pasado cuerpo edilicio golpeado por una dura crisis debido a las investigaciones contra varios de sus integrantes.
Hay que recordar que en mayo de 2018 el cabildo distrital llegó a tener solo 8 integrantes, debido a que el resto (son 19 concejales en total) enfrentaban un lío jurídico por la presunta elección irregular de la excontralora Nubia Fontalvo.
Esa indagación, por la que también investigan al exalcalde Manolo Duque y a su primo José Julián Vásquez, aún sigue abierta.
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