Llamaron la atención las denuncias que en los últimos días realizaron veedores respecto a presuntos cobros de terceros, de cuentas que el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) adeuda a distintas entidades de salud.
De hecho, la directora del Dadis, Johana Bueno, indicó que fue ella misma la que empezó las indagaciones por esta situación en agosto pasado, cuando escuchó algunos rumores que indicaban que terceros cobraban el 10% a entidades por el cobro de las deudas y por agilizar el proceso.
Por ello, se reunió con representantes de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de la ciudad, para recordarles que no tenían que recurrir a terceros para cobrar sus cuentas y que el Dadis les pagaría de forma directa a medida que se fueran consiguiendo los recursos.
“Luego de esa reunión me llamaron varios representantes de estas instituciones a decirme algunas cosas respecto a eso, pero realmente ninguno ha hecho una denuncia formal respecto a terceros que pretendan cobrar estas cuentas. Sin embargo, hemos hecho un seguimiento a esta situación y hemos ido recaudando material para tener pruebas”, explicó la directora del Dadis.
Sin embargo, el veedor César Cárcamo señala que esta situación sí se estaría presentando. “Se han creado empresas de abogados que se acercan a las IPS privadas como mecanismo de hacerse a las cuentas. Esa intermediación está prohibida y son pagos que no necesitan cobros jurídicos. Sin embargo, ellos hacen sesiones de los contratos”, indicó el veedor.
Dice que prueba de esto sería una proposición que, presuntamente, le habría hecho la firma de abogados Pitalúa Martínez a la Clínica Madre Bernarda, aportando un documento sobre esto, situación que denunció ante la Superintendencia de Salud y la delegada de Salud de la Contraloría. Dicho oficio señala que la empresa ofrece sus servicios a la clínica para hacer, presuntamente, un cobro prejurídico.
Este medio se comunicó con la clínica, pero hasta ayer no se tenía su respuesta para saber si en efecto recibió el ofrecimiento por la empresa de abogados.
Johana Bueno indicó que en el oficio de la empresa que se ha publicado en portales se nota que fue presentado en septiembre.
“Por eso esto nos genera inquietud, porque los pagos que le hicimos a la clínica todos se hicieron a principios de agosto. Entonces cabe la pregunta si es ese documento un elemento para probar que están cobrando. Eso tendrá que decirlo la Clínica Madre Bernarda. Si la negociación se hizo, tendrá que responder la empresa de abogados. En mi intervención en agosto dejé claro que no se necesitan intermediarios”, acotó Bueno.
Pese a la dicho, la empresa de abogados referida tiene su versión: “Gesycobro y Pitalúa Martínez somos empresas dedicadas al recaudo de cartera y asesoría jurídica integral en materia de recaudo de cartera de difícil cobro con efectividad en diferentes sectores de la ciudad, dentro de estos el sector salud, a través de herramientas comerciales y jurídicas necesarias para lograr que los deudores normalicen sus obligaciones en el menor tiempo posible. Es pertinente aclarar que lo que hacemos no constituye ningún delito, porque el cobro de cartera no está prohibido.
“Las entidades pueden informar que no se pueden realizar intermediaciones, pero quien toma la decisión es el cliente luego de pasar nuestra propuesta y aceptarla o no; esto no constituye delito, pues es nuestro trabajo, que ha sido impecable. Durante los años que llevamos ejerciendo esta labor no existe una prueba para dicha prohibición, pues la administración le debe prohibir a sus funcionarios, no a los particulares, de ejercer su profesión. Ahora bien, la administración tampoco debe interferir en las decisiones que tomen las IPS”.
De otro lado, César Cárcamo criticó en su denuncia que el Dadis hizo un pago de $6.500 millones a la Droguería Nacional de facturas del 2017 y 2018.
“No se hizo racionalidad en los pagos, donde tenían que pagarle a la Maternidad, Casa del Niño, sino que eso se lo pagaron a un proveedor, a la Nacional. Hubo un direccionamiento para pagarle a la red privada y no a la pública. Esa droguería aparece como una IPS nacional de salud y está habilitada para siete servicios. Pero es una droguería de nivel bajo, tiene una sede habilitada en el 2020 en Zaragocilla y allí no existe esa IPS; existe, pero en Paseo Bolívar, carrera 17. Me asalta la preocupación que le hayan pagado ese dinero a una droguería de ese nivel”, dijo Cárcamo, quien reclamó por qué se le pagó a estas y no se le abonó a las deudas millonarias que se tienen con IPS importantes como la Maternidad o el Hospital Universitario del Caribe.
Respecto a esto, la directora del Dadis explicó que la droguería referenciada se encuentra debidamente registrada ante el Ministerio de Salud y cumple con todas las medidas.
“Cada prestador está registrado ante el Ministerio, no son empresas de garaje. Cada cuenta que se pagó tiene su resolución de pago y se tiene cada una de las facturas auditadas. Estas facturas están sujetas a auditorías, que las hacen desde dirección operativa del servicio”, dijo Bueno.
Además, explicó que el monto –los más de 6 mil millones que se le pagaron a la entidad– hace parte de los $25 mil millones incorporados en junio como parte del compromiso fiscal del Distrito para ser incluido en la Ley de Punto Final del Gobierno nacional, con la que se busca sanear la salud, que tienen esa destinación específica.
Señala que estos recursos son para pagar cuentas que no están en el Plan Obligatorio de Salud (No POS). Precisó que la mayoría de este tipo de deudas está relacionada con la entrega de medicamentos y que por eso las deudas más altas de este tipo están relacionadas con farmacias.
“Criticaban el pago de 500 millones a Maternidad, pero ese fue un pago que no tiene que ver con el esfuerzo fiscal, sino con los PPNA. Por qué hablan del pago con esa entidad –Nacional– y no señalan el de Audifarma, por ejemplo, que es similar. Todo esto lo veo más como un ataque a la administración, porque no veo otra explicación”, indicó Johana Bueno, quien adelantó que para ejercer una mayor fiscalización a todos estos procesos, próximamente van a inaugurar la red de controladores, donde harán acompañamiento la Superintendencia de Salud, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo.
Bueno también dijo que su labor en el Dadis le ha traído situaciones difíciles, pues asegura que no ha permitido que manos oscuras o clanes políticos pongan sus tentáculos en los recursos de esa entidad, por lo que ha pedido protección personal.
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