Costo de derechos de grado y otros serán regulados según proyecto en la Cámara

03 de octubre de 2019 12:25 PM

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En muchas ocasiones los cobros complementarios en las instituciones de educación superior hacen que los estudiantes opten por buscar otras alternativas, en muchos casos la deserción, convirtiéndose estos requisitos en un impedimento para su avance educativo.

Ante ello, un proyecto de ley busca eliminar las barreras injustificadas en la educación superior, fue presentado en la Cámara de Representantes el cual busca limitar el incremento de los valores pecuniarios período a período.

Asimismo la iniciativa busca que hora los derechos complementarios que cobran las universidades públicas y privadas no podrán exceder el índice de inflación del año inmediatamente anterior.

De convertirse en ley de República, se regulará el costo de los derechos de grado, requiriendo que estos se sometan exclusivamente a los costos reales de la expedición del documento o la ceremonia, siendo este un derecho del estudiante por haber culminado sus estudios.

También se busca regular el término de plazo del pago ordinario de la matrícula y limitar el incremento del pago extraordinario de la matrícula.

El proyecto iniciará su trámite en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, célula competente para revisar los asuntos de educación y cuyo presidente es el representante a la Cámara por Bolívar, Emeterio Montes, por el Partido Conservador, en esta legislatura, quien es el autor del proyecto.

“Hemos radicado este proyecto de ley 248 en favor del acceso y la prestación continua de la educación superior que busca realizar algunas modificaciones a la ley 30 de educación superior en Colombia, que ha sido una de las banderas de nuestra gestión, y cumpliendo con nuestra palabra buscamos con este proyecto aumentar el acceso y permanencia de los jóvenes en la educación superior, acabando los abusos por parte de algunas instituciones universitarias públicas y privadas”, dijo el representante bolivarense.

La ley

La Ley 30 de 1992 se encuentra vigente, pero se debe tener en cuenta que algunos artículos han sido declarados inexequibles parcialmente y otros exequibles condicionados, por la Corte Constitucional.

Esta establece normas generales para regular el servicio público de la educación en el país que cumple una función social “acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad”.

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