El Concejo de Cartagena, con la aprobación de una proposición de la bancada de La U, pedirá a Corvivienda explicaciones por el llamado “caso Ceballos”, un entuerto jurídico que empieza a estallar con visos de gran escándalo, debido a que el Distrito podría pagar una suma millonaria a unos particulares que reclaman ser los titulares de una gran porción de tierra de este barrio.
El concejal César Pión, autor de la citación, le exigió al alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, que revise el avance del caso con el equipo jurídico de la Alcaldía, y trate de impedir lo que podría ser uno de los desangres más grandes a las arcas del Distrito.
$17 mil millones
El Distrito afronta el proceso en su contra por 17 mil millones de pesos, que tendría que pagarle a supuestos herederos de una familia que dicen ser los dueños de varios lotes, en donde se levantan las casas de más de 300 familias. Pero el hecho ha afectado a todo el barrio porque les ha impedido la legalización de sus predios.
“Estamos citando al gerente de Corvivienda, William García, y a su departamento jurídico para que nos ilustren y soporten con documentos el caso de Ceballos. En ese debate queremos que estén los residentes afectados, los exgerentes de Corvivienda como Ramiro Pereira; y quienes dicen ser los propietarios del terreno”, expresó Pión.
“Esta situación ha truncado la propiedad de más de 820 familias que habitan en Ceballos, que ahora no pueden tener una vivienda legalizada”, advirtió el concejal.
El caso
Según documentos que fueron suministrados al Concejo, hace 25 años se demostró que de unos terrenos con linderos entre Mamonal, la Transversal 57; el caño de los deseos; y el sector Nuevo Horizonte, “no existían ni escrituras ni registros a particulares”.
Ante ello, entre los años 2000 y 2003, siendo la directora de Corvivienda Edith Salas, no hubo inconvenientes para otorgar los registros y escrituras a las familias que habitaban los predios.
Pero sucedió que los descendientes de la familia aparecieron reclamando $500 millones, inicialmente, y aduciendo que quien prescribe es la junta comunal de vivienda porque Corvivienda no es la propietaria del lote.
Aunque el Tribunal Superior de Cartagena le dio la razón al Distrito, posteriormente la Fiscalía General se metió en el proceso, el cual avanza en un juzgado de Cartagena, y cuyo fallo podría hacer que un juez conmine al Distrito a pagar ahora los $17 mil millones.
“Para nadie es un secreto que muchas personas van a un juez amigo en donde entra a operar la manipulación, y en los fallos el Distrito se ve obligado a pagar”
De acuerdo al concejal, en el expediente hay pruebas de que existen escrituras falsa y duplicadas.
“Lo que le estamos pidiendo al alcalde Londoño es que se abstenga de pagar esos recursos; porque como concejales buscamos fortalecer a entidades como Corvivienda, y evitar que se desangren económicamente”, dijo Pión.
Al parecer sería evidente la falta de gestión del Distrito, ya que jurídica de la Alcaldía aun no apela la primera fase de la pretensión.
Para la bancada de La U, y la mesa directiva del Concejo, es muy importante esclarecer el caso Ceballos porque se les estaría afectando el derecho a una propiedad digna a los habitantes.
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