A partir de este sábado comenzará a regir en el país la Ley de Garantías Electorales, que impide la firma de convenios interadministrativos, entrega de recursos, nombramientos de funcionarios y asistencia de gobernantes a inauguración de obras públicas.
Las restricciones contempladas en la Ley 996 de 2005 estarán vigentes durante cuatro meses, es decir hasta el próximo 9 de marzo del 2014, en el caso de las elecciones para Congreso de la República, cuya campaña se inicia hoy.
La norma rige para todos los alcaldes, gobernadores, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental y distrital.
En el caso de las elecciones presidenciales, si el actual jefe de Estado, Juan Manuel Santos, anuncia el próximo 25 de noviembre que se postulará a la reelección, la ley comenzará a regir desde ese día y durante seis meses, según dispuso y condicionó la Corte Constitucional cuando declaró exequible la norma.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación le hizo el jueves un llamado al Presidente para que desde hoy se abstenga de inaugurar obras públicas, por la implementación de la Ley de Garantías para la campaña por la Presidencia de la República.
El pronunciamiento lo hizo la procuradora delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño, y se extiende a mandatarios de todo el país. Con ella se busca dar plenas garantías a todos los participantes en la justa electoral.
La prohibición, que se extiende hasta el 25 de mayo del 2014 (o el 15 de junio siguiente), señala que no se trata solo de “cortar la cinta” de una nueva obra, sino cualquier acto que pueda convertirse en proselitismo político.
“Los actos inaugurales no son solamente aquellos formales de cortar la cinta, sino cualquier otro escenario o evento en donde confluyan personas, donde se propicie el lugar para actividades proselitistas”, señaló Carreño, quien agregó que no se pueden llevar a cabo actos en los cuales se hagan eventos inaugurales para la entrega de viviendas y para los sorteos de entrega de subsidios.
Ningún Gobernador o autoridad territorial podrá suscribir convenios para la adquisición y ejecución para el programa de viviendas. “Con la medida se busca que los gobernantes no aprovechen recursos estatales para hacer actos de clientelismo, de proselitismo. El gobernante tiene unos límites”, aseguró Carreño.
En adelante solo podrán inaugurarse las “casas gratis” cuyo acto esté programado, porque ya está firmado el convenio, siempre y cuando ese acto no incluya actividades de proselitismo político.
“ES ABSURDO”
El presidente Santos reaccionó el viernes pasado al pedido de la Procuraduría y dijo que es injusto que un gobernante no pueda entregar las obras sociales y que “habría un deterioro grande en la democracia del país si el Jefe de Estado aspira a la reelección, y no puede cumplir con sus funciones”.
“La Ley de Garantías no puede impedir que el Presidente siga ejerciendo la Presidencia de la República. Sería absurdo y contraproducente. El país sufriría un deterioro enorme; simple y llanamente la ley debería decir que el Presidente no puede volver a hacer nada, porque está en campaña si es que decide hacerlo”, señaló el Mandatario.
Santos agregó que “no me parece lógico que el sistema prohíba que a los ciudadanos se les den los proyectos, que se pongan al servicio de los ciudadanos, a los que tienen derecho, por lo consiguiente no debía haber ninguna limitación”.
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