La Sección Quinta del Consejo de Estado convocó para hoy, desde las dos de la tarde, la reunión de sala en la que se abordará la demanda de control de nulidad electoral contra el Decreto 1790 del 19 de septiembre de 2018, por el cual se designó al alcalde encargado para el Distrito de Cartagena Pedrito Pereira Caballero.
El magistrado ponente es Alberto Yepes Barreiro, y sus compañeros de sala, son los magistrados Rocío Araújo Oñate, Lucy Jeannette Bermúdez y Carlos Enrique Moreno Rubio.
Sobre este grupo de magistrados recae la decisión que podría dejar a Cartagena nuevamente con un alcalde suspendido y en la interinidad administrativa, dado que la demanda contiene una petición de suspensión provisional como medida cautelar.
En la demanda interpuesta por el ciudadano Pedro Santoya Góngora contra el alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Tomás Pereira Caballero, y el presidente Iván Duque, se busca que se declare la nulidad electoral contra el Decreto 1790 del 19 de septiembre de 2018 por el cual se designó a Pereira como alcalde encargado, en reemplazo de Yolanda Wong, ya que el alcalde electo en atípicas, Antonio Quinto Guerra, fue suspendido.
Para Santoya, el presidente Duque, al realizar una entrevista con 20 preguntas a los ternados para la Alcaldía de Cartagena, incurrió en una falta, ya que dicho proceso vulneró el debido proceso porque para ello no existe reglamentación alguno, ya que “las normas no lo facultan para crear un procedimiento especial”.
Como se dijo, la demanda busca de paso que el alcalde sea suspendido provisionalmente.
El Consejo de Estado informó que ya se pronunciaron dentro del término las partes demandadas, Pedrito Pereira Caballero; la secretaría jurídica y representante judicial del presidente de la República; y Erasmo Carlos Arrieta Álvarez en nombre del Ministerio del Interior.
Pereira por su parte pidió que se rechazara la solicitud de suspensión.
“Solicito al Consejo de Estado, que mediante providencia judicial que haga tránsito a cosa juzgada, resuelva: negar la suspensión provisional del Decreto 1790, por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos, por ser tendenciosa, artificiosa y carente de los requisitos previstos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo”, dijo Pereira.
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