Dos fallos por distintos procesos instaurados por Pedrito Pereira, exalcalde encargado de Cartagena, obligan a la administración de William Dau a proferir certificaciones respecto a dos denuncias.
Dichas denuncias las realizó el alcalde Dau contra la administración de Pereira, referentes a situaciones supuestamente irregulares en Corvivienda y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).
En este último caso, Dau señaló que el 31 de diciembre del 2019, la administración de Pereira realizó acciones para presuntamente privatizar el DATT mediante una Alianza Público Privada (APP).
Pereira señala que, de igual forma, se dijo que en su administración se habían perdido $12 mil millones en Corvivienda y cambiado a unos beneficiarios por otros, asegurando que estas son “falacias”.
“Se me ha señalado a mí y a mi administración de muchas cosas que no son ciertas, entre esas que se había privatizado el DATT el 31 de diciembre pasado, a las 4 de la tarde; y que en Corvivienda se habían perdido 12 mil millones de pesos.
“Mi talante es ampliamente conocido y he tenido siempre intención de colaborar con las autoridades, pero cuando se me señala de algo falaz o injusto, debo defender mis derechos a través de la vía que me da la ley”, indicó Pereira.
Dejó ver que por ello presentó derechos de petición para que la administración certifique formalmente esos dos hechos denunciados por el alcalde Dau.
“Pasé derechos de petición para que me confirmaran esos hechos y las respuestas han sido siempre evasivas, por lo que he recurrido al aparato judicial, que ha producido dos fallos tutelándome el derecho de petición para que la administración conteste con la realidad. Ellos dicen que privaticé el DATT, pues entonces que me muestren el contrato o la resolución. Estoy pidiendo esa certificación; y si no existe, pues que digan que no existe”, explicó Pereira.
El fallo por los señalamientos del caso del DATT fue emitido por el juez Séptimo Penal del Circuito, quien ratificó la decisión de primera instancia del juez Primero Penal de Conocimiento, en la que Pedrito hizo la solicitud de la certificación al Distrito.
En respuesta a esta primera acción, la administración Dau respondió: “En la publicación hecha en la página ‘Salvemos a Cartagena’ el 12 de marzo no se habló de resolución de adjudicación y/o contrato, entendiendo que al decir ‘Pedrito Pereira firmó a las 4 p. m. el 31 de diciembre’ se refería a la administración de Pedrito Pereira, lo que en efecto se encuentra demostrado con la firma de factibilidad del proyecto por parte del comité evaluador.
“Que así mismo se le informó al peticionario que la publicación no dice en ninguno de sus apartes que se trataba de un acto administrativo y/o resolución de adjudicación o contrato, sino que señala, entre otros asuntos que se trataban en la reunión sostenida con la vicepresidenta y Secretaría de Transporte, se encontraba el asunto de la APP DATT, refiriéndose a evidencias encontradas que fueron suscritas en el último día la administración encargada al accionante y que en esa medida la mentada publicación debía ser entendida dentro del contexto en la cual fue realizada”.
Por eso, la administración Dau pidió que no se tutelara el derecho fundamental invocado por Pereira, aduciendo que sí hubo una respuesta a su derecho de petición.
Así mismo, la administración Dau indicó que, referente a que no se le había certificado al demandante la inexistencia del acto administrativo, “en las aclaraciones que se le hicieron se halla implícita la respuesta a su pedido”.
Sin embargo, el juez Séptimo consideró que el Distrito “no le ha dado una respuesta clara, expresa y completa al derecho de petición subsidiaria del actor, al solicitar que en caso de no existir tal acto administrativo firmado por él, se le certificara en tal sentido la inexistencia del mismo. Se confirmará el fallo impugnado de manera integral”.
Pereira espera ahora que el Distrito le entregue las certificaciones.
“Se me ha señalado de muchas cosas, de que no devolví el celular y el computador, a pesar de tener mis paz y salvo expedidos por esta administración, y también se me señaló de dejar la ciudad ‘quebrada y con la olla raspada’, cuando se han incorporado $8 mil millones de superávit del 2019 y más de $75 mil millones de saldos del 2019. De estos dos señalamientos también estoy pidiendo rectificación, y si no lo hacen me veré obligado a recurrir a opciones legales”, concluyó Pereira.
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