Distrito y Minvivienda deben pagar $170 mil millones a afectados de San Francisco

18 de marzo de 2019 12:00 AM

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El Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó, en segunda instancia, la sentencia dictada dentro de la acción de grupo que instauraron los damnificados del barrio San Francisco, y confirmó lo ordenado y reconocido en el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito Oral de Cartagena.

Pero esta vez, en virtud de la petición realizada a la oficina de Atención y Prevención del Riesgo por el mismo tribunal, los damnificados pasaron de ser 1.669 a 6.054.

Lo anterior quiere decir que por la tragedia ocurrida el 13 de Agosto del año 2011, que derrumbó casi todo el barrio, por una falla geológica, tanto el Distrito como el Ministerio de Vivienda deberán pagar $170 mil millones a los afectados.

El fallo advierte que se generó un aumento en la condena de aproximadamente de $60 mil millones, que deberán pagar solidariamente el Minvivienda y el Distrito, entidades confirmadas como responsables de la omisión administrativa.

Fallo de primera instancia

El 2 de diciembre de 2016, el Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito Oral de Cartagena profirió el fallo de primera instancia en el cual exoneró a Corvivienda, y condenó al Ministerio de Vivienda y el Distrito al pago de 70 salarios mínimos a las 1.669 personas por concepto de daño moral y $21 mil millones a los poseedores o propietarios de viviendas afectadas por la remoción de tierra en masa, lo que arrojaba unos $110 mil millones.

La apelación

El Distrito y el Minvivienda interpusieron un recurso de apelación en busca de ser eximidos y por su parte la Procuraduría, a través de su delgada Claudia Mantilla, lo hizo en atención a que muchos damnificados quedaron por fuera de dicho fallo, entre ellos el sector Sinaí del barrio San Francisco, donde para la época de los hechos habitaban 357 familias que también terminaron afectadas.

Los damnificados, a través de su apoderado, el abogado Luis Correa Martínez, también interpusieron un recurso al considerar que el fallo se había quedado corto en “la cuantificación del valor material, el número de personas afectadas y en busca del reconocimiento de otros derechos inmateriales distintos al daño moral”.

Deben pagar en 10 días

Pero lo que conlleva esta sentencia definitiva es que “el no cumplimiento del fallo dentro de los 10 días pondría a las entidades y sus representantes legales en riesgo de faltas disciplinarias y conductas punibles”.

Los recursos deben consignarse al Fondo para la Defensa de los Derechos e Interés Colectivo de la Defensoría del Pueblo, que será el que efectué el pago directamente a cada damnificado. Asimismo, si hay demoras, cada mes se generarían intereses cercanos a los 6 mil millones.

En suma, el Tribunal adoptó como familias afectadas 2.469, concediéndoles 40 salarios mínimos a cada persona cabeza de núcleo, y adicionalmente 20 salarios mínimos a 3.585 personas que también integraban las familias afectadas, por concepto de daño moral, confirmando en su totalidad el daño material reconocido y ordenado a pagar en la primera instancia, lo que arroja los $170 mil millones.

De igual forma, dice que “se incluirá a las personas que soliciten integración al grupo dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional y que logren demostrar que perdieron su vivienda a raíz de la negligencia estatal”.

Lo que sigue

Luis Correa Martínez, apoderado judicial de las víctimas, dijo que “agotaremos las instancias judiciales necesarias de manera oportuna para que el fallo no sea ilusorio y las entidades responsables cumplan con el pago de la condena luego de un arduo proceso judicial que se ha visto sometido a dilaciones injustificadas”. Denunció que “personas inescrupulosas están desinformando, buscando obtener provechos ilícitos de la labor que hemos desplegado desde el comienzo de la odisea que ha recorrido en pro de defender los intereses de la población afectada”. Por eso invitó a su oficina a todos los afectados e interesados para explicar los alcances del fallo.

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