Política


Dos acciones legales de Dau contra la Contraloría Distrital

Conozca los detalles de la petición de la defensa del alcalde Dau a la Auditoría General en torno a los embargos que profirió la Contraloría Distrital.

WILSON MORALES GUTIÉRREZ

29 de septiembre de 2021 12:00 AM

Ya se han interpuesto dos de las tres acciones legales que anunció el abogado Iván Acuña, defensor del alcalde William Dau en el caso de los embargos solicitados por la Contraloría Distrital contra el mandatario de los cartageneros y 42 funcionarios y exfuncionarios del Distrito, por un presunto detrimento patrimonial debido al pago de gastos de representación. Lea aquí: Contraloría embarga cuentas de Dau y varios funcionarios del Distrito

La primera acción fue radicada hace pocos días ante el mismo ente de control fiscal. El abogado le solicitó a la Contraloría Distrital que desembargue las cuentas, indicando que los pagos hechos a los funcionarios están acordes a la normativa nacional.

“Los montos máximos fijados como asignación salarial para la vigencia del año 2020 nunca sobrepasaron los límites fijados por el Gobierno nacional, es decir, para el cargo directivo la suma de $14.448.012, cargo asesor la suma de $11.548.751 y profesional la suma de $8.067.732. Estos se encuentran respaldados por el área de Talento Humano de la entidad”, explica el abogado Acuña en el oficio que presentará ante la Auditoría General.

Ante la petición, se fijó una audiencia para el 11 de octubre en la que la Contraloría Distrital anunciará si acepta retirar los embargos o confirma la medida. En su momento, el abogado Acuña señaló que en caso de que la Contraloría no acepte la petición, recurrirá a instancias nacionales, como la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.

Ayer se presentaría la segunda acción legal del Distrito por el caso de los embargos y este medio conoció los detalles.

Se trata de un oficio enviado a la Auditoría General de la Nación, en el que el abogado de Dau indica que este ha emprendido una lucha contra la corrupción, tanto al derrotar a las clases políticas en las elecciones del 2019 por la Alcaldía, así como a las estructuras enraizadas en la administración.

La defensa de William Dau dice que no existiría el presunto detrimento al que se refiere la Contraloría Distrital.

“Despojados contratistas y políticos de la jugosa contratación distrital, que habían obtenido por procedimientos que el alcalde electo había denunciado y combatido, todos a una, emprendieron la más brutal campaña contra su administración. Los organismos de control locales, especialmente la Contraloría Distrital, encabezó la cruzada y colmó de investigaciones a mi representado desde el primer momento. Todo eso era esperado por el señor alcalde, quien sabía que su lucha contra la corrupción tendría las respuestas más inesperadas y estos organismos locales de control serían los instrumentos que la oposición a su gobierno utilizarían para combatirlo. Lo que no se calculó es que se utilizara la propia legalidad, o más bien el poder de la Contraloría Distrital para tratar de convertir lo legal en ilegal”, indicó Acuña, solicitando con ello que la Auditoría General vigile las acciones de la Contraloría Distrital, teniendo en cuenta que es una de las funciones del órgano de control nacional.

Otros argumentos

Este también presentó distintos argumentos para sostener que no existiría el presunto detrimento al que se refiere la Contraloría Distrital.

“La competencia en materia de responsabilidad fiscal de la Contraloría se debe limitar o centrarse en determinar si existe o no un detrimento patrimonial. Al ordenar la medida cautelar de embargo de salarios de 43 funcionario de la Alcaldía de Cartagena, viola y transgrede sus funciones legales, al pretender la devolución de los dineros justamente devengados por los funcionarios imputados, utilizando de manera arbitraria el poder de la Contraloría, en un evidente abuso de funciones, planteando una teoría con la que pretende que el alcalde rompa los principios constitucionales”, indicó.

De igual forma, el abogado señaló en el escrito: “El hecho de solicitar la devolución de los dineros recibidos por los funcionarios de buena fe, no solo atenta contra el derecho fundamental a su mínimo vital, sino que igualmente se transgreden sus derechos laborales a la igualdad al no recibir una contraprestación igual por el desempeño de funciones en comparación a otros funcionarios, desconociendo con ello el decreto anual de presupuesto donde se regulan los pagos de todos los servidores públicos del país”.

Acuña argumenta que, con los embargos, desde la Contraloría Distrital estarían violando derechos como el debido proceso, la confianza legítima y seguridad jurídica. Por ello, le pide a la Auditoría General que acompañe y vigile el proceso que lleva la Contraloría Distrital contra el Distrito relacionado con los embargos, en busca de garantías jurídicas y procesales.

“Así mismo, para que -la Auditoría- emita concepto sobre el proceder del contralor Distrital de Cartagena, Freddys Quintero, y del director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales de la Contraloría Distrital de Cartagena, Rafael Ignacio Castillo Fortich, y quienes en su actuación fiscal plantean una teoría con la que pretenden que el alcalde rompa los principios constitucionales”, concluyó.

Tras la petición a la Contraloría, ahora solo falta que la defensa de Dau presente las denuncias anunciadas contra el contralor, entre estas una penal por prevaricato y una disciplinaria.

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