Tras siete años de crisis institucional en la Contraloría Distrital y más de cinco años que la ciudad espera que se designe un jefe titular de ese órgano fiscal, parece que Cartagena seguirá sin contralor en propiedad. Eso es lo presupuestado luego que el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial suspendió la resolución del Concejo Distrital para escoger a un nuevo funcionario. (Lea: Cartagena seguirá sin contralor en propiedad)
Una jueza decidió el pasado viernes 2 de septiembre la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 141 del 18 de julio de 2022, expedida por el Concejo Distrital de Cartagena, mediante la cual se abrió la convocatoria pública para el proceso de selección y elección de un contralor (a) distrital en propiedad en Cartagena.
“Previo a resolver sobre la admisión del incidente propuesto, debe precisarse que contrario a lo afirmado por la parte incidentante, la Resolución 089 de 2018 expedida por el Concejo Distrital de Cartagena actualmente no se encuentra suspendida, toda vez que dicho acto administrativo fue anulado por este despacho mediante sentencia del 13 de diciembre de 2021, la cual se encuentra ejecutoriada como quiera que no se presentaron recursos”, indicó la jueza.
Con la suspensión provisional del concurso, se prevé que permanecerá la interinidad de vieja data, algo que para muchas voces en Cartagena y para empleados, especialmente de planta, de la Contraloría Distrital es el origen de las falencias administrativas y financieras que atraviesa el ente de control.
Veeduría pide investigación
Las veedurías Funcicaribe y Veecorponacional solicitaron al Consejo Seccional de la Judicatura y a la Procuraduría que invesguen a la juez IV Administrativa del Circuito de Cartagena, Maritza Cantillo Puche, quien suspendió el proceso de elección del nuevo contralor Distrital, período 2022-2025.
Para las veedurías, Cantillo resolvió la admisión del trámite incidental propuesto por la señora Olga Yanet Alvarado Legarda y señaló que: “Se desconoció la prohibición establecida en el artículo 237, dado que el artículo 5 de dicha resolución reprodujo el artículo 6 de la resolución No. 089 de 2018, la cual afirma encontrarse suspendida”.
Por ese motivo, Abelardo Rafael Meza Herazo, representante de la Veeduría Ciudadana Funcicaribe; y Rafael Castro Otero, presidente de la veeduría Veecorponacional, amparados en la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015, formularon una denuncia disciplinaria contra la juez.
En el texto, los veedores señalan que: “Mediante el proceso de incidente contra acto que reproduce un acto anulado (Art. 239 CPACA) con radicado 13001-33-33-004-2019-00224-00, la jueza en referencia expidió el auto interlocutorio No. 484 en donde admite la solicitud anterior y suspende el acto administrativo (Resolución No. 141 del 18 de julio de 2022) expedido por el Concejo Distrital de Cartagena, ´Por medio de la cual se abre y reglamenta la convocatoria pública previa a la elección del Contralor (a) Distrital de Cartagena de Indias conforme lo establece la Constitución Política de Colombia y demás normas y actos administrativos que la reglamentan´”.
Y acotaron que: “La señora jueza, en la parte considerativa de dicho auto, manifiesta que la solicitud de incidente contra acto que reproduce un acto anulado (Art. 239 CPACA) promovido por la señora Olga Yanet Alvarado Legarda porque le asiste razón, debido a que supuestamente los efectos jurídicos del artículo 5 de la Resolución No. 141 de 2022 son los mismos del artículo 6 de la Resolución No. 089 de 2018 que fuere anulada, en la medida que al imponer ambas normas como requisito mínimo para participar en la convocatoria y, por ende, acceder al cargo de contralor (a) distrital el haber ejercido funciones públicas por un término no inferior a 2 años”.
Según Meza Herazo y Castro Otero: “La Juez IV advierte que por una parte atentó contra el ordenamiento jurídico al establecer requisitos adicionales a los exigidos por el legislador, desconociendo así el deber de sujeción de los actos administrativos a lo dispuesto en la ley y el principio de jerarquía normativa y, por otra parte, se limitó la participación en el concurso, de forma injustificada, de personas que pudieran tener interés en acceder al cargo y que con ocasión a dicho requisito no pudieron participar”.
Y establecieron: “Situación en particular, que no compartimos debido a que la expresión y haber ejercido funciones públicas por un período no inferior, a dos años del artículo 68 de la Ley 042 de 1993 se encuentra vigente y, por ser una norma especial que tiene por objeto la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen, se va preferir ante la general. Es decir, esta norma se va preferir sobre el régimen político y municipal”.
La posición del Concejo
Gloria Estrada, presidenta del Concejo, le confirmó a este medio que se unen a la solicitud de los veedores y también instarán a la Procuraduría para que inicie una vigilancia especial y disciplinaria al auto de la juez Cantillo. La política del Partido Liberal indicó que: “La decisión judicial está basada en una sentencia del 2018 que no aplica en esta elección. El Consejo de Estado se pronunció, en 9 de septiembre de 2021, sobre el requerimiento de acreditar dos años de ejecución en función pública. Y explicó la forma de acreditar el requisito”.
Para la concejala Carolina Lozano, al parecer, la jueza desconoce totalmente el cambio jurisprudencial y se limitó sólo a estudiar una sentencia que ya no se encuentra ajustada a los lineamientos legales del máximo órgano judicial para lo público, como lo es el Consejo de Estado.
“Consideramos que estamos ante una posible actuación irregular que debe ser revisada por la Procuraduría. Esta vigilancia especial permitirá que se den las garantías para la convocatoria y posterior elección del contralor distrital. Un proceso que transcurría con normal desarrollo”, expuso Estrada.
