Política


“El proyecto de ley anticorrupción tiene mensaje de urgencia”: Gobierno

El Universal conversó con Beatriz Londoño, secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República sobre el proyecto de ley anticorrupción que se radicó ante el Congreso.

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

19 de noviembre de 2020 12:00 AM

Uno de los proyectos de ley con mayor relevancia tanto para el Gobierno como para los ciudadanos que cursan actualmente por el Congreso de la República es el de la Ley Anticorrupción, una iniciativa que reúne varios temas de la consulta popular realizada en su momento a todos los colombianos y que se construyó de manera articulada a través de la Mesa de Transparencia de la Conversación Nacional. (Lea aquí: Con mensaje de urgencia, Gobierno presenta nueva ley anticorrupción)

Así mismo participaron 25 entidades del Estado dentro de las que se cuentan, la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Dian, la Unidad de Información y Análisis Financiero, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente-, la Auditoría General de la Nación y varias superintendencias.

Beatriz Londoño, secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, conversó con El Universal sobre los detalles del proyecto.

EU: ¿En qué consiste la iniciativa?

BL: Este es un proyecto de ley al que le tenemos mucha fe porque lo trabajamos por iniciativa del señor Presidente, de la señora Vicepresidenta y desde la Comisión Nacional de Moralización, que es el máximo órgano donde están las cabezas de todas las entidades. Además es un proyecto que le apuesta a tres aspectos claves: prevención, sanción de actos de corrupción y fortalecimiento institucional, esos son los tres pilares que recogen todo el articulado. También reúne recomendaciones internacionales y todos esos proyectos de ley de transparencia que las entidades habían presentado y que el Congreso no aprobó en su momento.

EU: ¿Cree que va a tener aprobación?

BL: Es la primera vez que un proyecto de ley se presenta de verdad con tanto respaldo jurídico y técnico, lo que me hace pensar que nos va a ir muy bien. Además sale del seno de la Comisión Nacional y ahí están el presidente de la Cámara, del Senado, del Consejo de Estado, Corte Suprema, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría, y ellos son actores clave. Así mismo estamos todos los funcionarios que trabajamos en las 25 dependencias del Estado donde están las superintendencias y toda una gama de entidades que vamos en bloque a apoyar y a explicar la razón técnica de cada artículo y por qué se necesitan. Creo que el Congreso en ese ánimo que estamos todos de poner unas bases sólidas para poder luchar contra la corrupción va a estar en la misma línea y lo va a apoyar.

EU: ¿Cuál es el estado del proyecto?

BL: El proyecto se presentó hace tres semanas por el señor Presidente de la República e inició su curso por la Comisión Primera del Senado. Como lo anunció el señor Presidente, esa presentación tiene un mensaje de urgencia. Entonces en estos momentos estamos a la espera y trabajando con los congresistas para explicarlo en detalle y que todos los entendamos.

Aspiramos que para mitad del año entrante ya lo tengamos aprobado.

EU: ¿Cuáles son las medidas que se contemplan?

BL: El proyecto tiene varios temas esenciales, primero está la medida de protección para los quejosos, denunciantes o quienes informen actos de corrupción, porque está demostrado, hay estudios que dicen que el 40% de las investigaciones positivas de temas de corrupción surgen de una denuncia de un ciudadano o de un funcionario pero a muchos les da miedo, les da temor presentar la información que saben porque creen que los van a despedir o que van a tener problemas, entonces esto es clave.

También habrá responsabilidad de personas jurídicas. Esto es muy importante porque como hemos visto en todas las investigaciones de corrupción, si bien a los representantes legales los pueden llevar a la cárcel por estos casos, las sociedades siguen vigentes y las utilizan incluso para más entramados, entonces tenemos responsabilidad administrativa o medidas que pueden llevar a la cancelación de esa persona jurídica.

Otro tema es la extinción de dominio, que actualmente es un proceso largo y demorado. Esto fue iniciativa del señor Fiscal y hará que se permita enajenar esos bienes que son objeto de incautación cuando se comete el delito.

Por otra parte está la medida de beneficiario final. Se ha encontrado que hay contratistas que están dedicados a estar detrás y a manejar la contratación de varias entidades en varios territorios del país pero que no aparecen de frente. Con esto buscamos que toda autoridad pública que vaya a contratar sepa bien con quien lo hace y si es una sociedad saber quienes son los accionistas con el fin de conocer sus intereses. La idea es que todo esto se mantenga actualizado para emitir señales y alertas y estar atentos para que personas que no reúnan requisitos no vuelvan a contratar.

Otro tema propuesto desde secretaría y desde la Contraloría General es el intercambio de información, articulación y colaboración. Sabemos que hay buena información en todas las dependencias pero que no se cruza, no se analiza ni se le da sentido preventivo, la idea es articular eso.

Con el Ministerio de Educación también hay un trabajo de pedagogía con unos artículos donde se dice que desde los colegios se dicten materias que consoliden la transparencia y la ética. Además se crea una figura dentro de los mismos estudiantes que es el ‘contralor estudiantil’, el cual no es una figura externa sino el mismo estudiante para que haga vigilancia, porque este un cambio cultural que tenemos que aplicar desde todas las esferas.

Así mismo hay un tema de fortalecimiento a la transparencia en el proceso de la elección de personero. Esto lo propuso el Procurador General, ya que los concejos municipales son los que tienen la competencia para elegir y normalmente lo hacen mediante concursos que cuestan mucho cuando hay entidades del Estado que lo hacen gratuito e igual de técnico, la idea entonces es que ese concurso de méritos se unifique y se aproveche la estructura del Estado que es gratuita.

También hay disposiciones en materia de daño y reparación de afectados, ya que siempre que se ve un acto de estos se castiga al corrupto y la entidad impone la sanción, pero falta la ciudadanía, la comunidad que se vio afectada porque no se construyó la obra, porque no se prestó el servicio. Esa comunidad debe ser resarcida por ese corrupto que deberá disponer de lo necesario para resarcir a la comunidad.

Con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado también planeamos mejorar la acción de repetición para que sea más ágil y con la Procuraduría sanciones más estrictas para estos funcionarios que cometen hechos de corrupción, así como medidas en materia contractual para imponer inhabilidades.

Esto es integral y son temas que en la práctica se necesitan para que los procesos que ya se tienen se mejoren y se cumplan.