Según el funcionario, el Gobierno nacional consignó algunos recursos en las cuentas de los beneficiarios, pero debió retirarlos porque el Distrito no hizo la gestión que le correspondía para llevar a feliz término la realización de los mejoramientos de vivienda que se debían hacer con esos recursos.
“Inicialmente se habían logrado mil subsidios de los cuales 450, es decir el 45%, se perdieron. El monto de cada subsidio era de $5 millones, por lo que la ciudad dejó de percibir unos $2.250 millones para acometer obras de necesidad urgente para el desarrollo de la ciudad”, dijo Julio Pérez.
El poner en conocimiento de los concejales este hecho, llevó a que el ingeniero contratista Jorge Oviedo, al ser declarada la sesión informal, explicara por qué se perdieron los recursos.
Oviedo habló fuertemente y dijo que algunos de los actuales funcionarios hacen parte de un cartel que opera en Corvivienda (Ver recuadro).
En cuanto a la denuncia que hizo el ingeniero contratista, el gerente de Corvivienda dijo que era una apreciación personal, que ha tenido algunos conflictos con la entidad.
“Recibo la información como recibo los comentarios que se hacen sobre diversos temas, estoy acostumbrado a escuchar a los demás, y tomo de primera mano las realizaciones de las otras personas”, sostiene.
Dijo que Corvivienda es una entidad técnica, que cuenta con un recurso humano valioso, pero que la misma estructura del estado no ha permitido que se pueda tener los funcionarios que se necesitan de planta por lo que se acude a la contratación por órdenes de servicio, que involucra a personas que no tienen el compromiso y no son bien remuneradas.
“Toca mirar con cuidado las actuaciones que se dieron en el gobierno pasado y frente a la eventualidad de que alguna estuviera por fuera del marco de la normatividad presentaría ante las autoridades correspondientes la denuncia del caso”, sostuvo.
Balance
Según el informe presentado por el funcionario, el gobierno saliente incumplió con las metas estipuladas en materia de ejecución de proyectos y subsidios. “Y en cuanto al mejoramiento de vivienda vale decir que la meta contemplada por el plan de desarrollo, fue cumplida solo en un 15%”.
En cuanto a cómo encontró la entidad, señaló que cuenta con 26 funcionarios, 20 de ellos en carrera administrativa, gente con la que se puede contar.
“Estoy aprendiendo, y en la medida que logre identificar personas que crea no sean apropiadas tomaré las acciones correspondientes y que la ley me permita tomar”.
En cuanto al análisis financiero, los ingresos de Corvivienda provienen del giro de las transferencias distritales de destinación específica establecidas en el Acuerdo 022 de diciembre de 17 de 2008, y aproximadamente equivale al 15% del Impuesto Predial Unificado.
Con relación a los procesos judiciales, 33 procesos judiciales, a los que se les asignó un abogado de planta.
Proyección
Según Julio Pérez, el alcalde Terán Dix, en el plan de gobierno, habló de la realización de 7 mil viviendas para este cuatrienio, pero gracias al apoyo encontrado por parte del Gobierno nacional, el presidente está dispuesto entregar subsidios para construir unas 10 mil nuevas viviendas.
“Hoy la ciudadanía tiene una mejor posibilidad de construir nuevas viviendas porque la normatividad permite los Planes Integrales de Desarrollo Urbano (Pidu), que son financiados en su totalidad por el Gobierno nacional como una estrategia para atender la emergencia invernal”.
Dijo que la estrategia que se está diseñando por parte del Distrito es apalancarse con la política pública nacional y conseguir los recursos que permitan hacer las Pidu.
En cuanto al déficit de vivienda en el Distrito, sostiene que la cifra oficial es de 62 mil.
Los concejales
El concejal David Dáger propuso la construcción vertical (Multifamiliares) en las zonas reglamentadas para ser urbanizadas y la entrega de lotes con servicios en zonas urbanísticas.
La invitación a “ser creativo”, la propuso Alfredo Díaz, por el PIN, aludiendo a mirar que está pasando en otras latitudes.
Díaz, también sugirió la participación de la gente en la solución de su vivienda. Y Pidió al gobierno “vender realidades y nada de ilusiones”.
Jaime De Ávila, por el partido Liberal, expresó el interés de legalizar las tierras insulares pobladas por los nativos.
Andrés Betancourt, además de apoyar el pensamiento de su colega De Ávila; sugirió crear propuestas de estímulos a las constructoras para que se interesen en los proyectos de vivienda de interés social.
Denuncia de ingeniero
El ingeniero Jorge Oviedo, contratista del Distrito, dijo que su empresa firmó una unión temporal con Corvivienda y se logró conseguir 1,008 subsidios complementarios en un año.
Al llegar la administración Pinedo, dice el ingeniero, no querían trabajar con nosotros, por quitarme el contrato debían pagar una cláusula que valía el 25% del contrato, y lo que hicieron fue torpedear el proyecto.
“En un año hicimos una etapa y en los cuatro años no alcanzamos a hacer la mitad de la segunda etapa donde habían mil subsidios por el orden de los 3 mil millones de pesos”.
Sostuvo que posteriormente le tocó ceder el convenio, bajo presión, para que no se perdieran los subsidios, pero Corvivienda no hizo el encargo fiduciario y el nombramiento del interventor para realizar las obras. Por esta razón se perdieron los recursos.
La responsabilidad, dice, le cabe a Corvivienda y por eso el Ministerio de Vivienda la sanciona.
Añadió que a raíz de esta situación tiene una demanda penal contra el Distrito.
También denunció que hay un cartel al interior de Corvivienda.
Le dijo a Amaury que “está en un terreno minado y si no sale de esas personas en 15 días estaría metido en un problema”.
En cuanto al Bicentenario, dice que fue lo peor que se hizo.
Plan toma instituciones
A raíz de las amenazas que en las últimas semanas han recibido algunos de los concejales, la Policía Metropolitana de Cartagena adelanta un Plan Toma de Instituciones.
Ayer el turno fue para el establecimiento donde funciona el Concejo Distrital, en la Calle del Arsenal, hasta donde llegaron más de 20 uniformados, de diferentes especialidades de la Policía para adelantar un plan de requisa, toma y control de dicha dependencia.
Un vocero de la Policía dijo que participaron uniformados adscritos a las unidades de Tránsito, Sijín, Sipol, Antiexplosivos.
“Con esto buscamos contrarrestar e impactar sobre las amenazas de que han sido víctima algunos de los concejales”, explicó una de las personas encargadas del operativo.
Muchas de las personas que en la mañana de ayer llegaron al Concejo se mostraron un poco contrariadas por la excesiva requisa a la que fueron sometidas.
En el interior del recinto, la Policía tomó fotos y grabó un video de las personas que ingresaron a la zona de la barra para asistir a la audiencia.
En horas de la tarde, el plan se trasladó a la edificación donde funcionan los juzgados administrativos, en las antiguas oficinas de Telecartagena.
Política
En Corvivienda se perdieron subsidios
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