En vilo continuidad de asesora contra la corrupción del alcalde Dau

26 de febrero de 2020 12:00 AM

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De castaño a oscuro van las diferencias entre el alcalde William Dau Chamatt y el Concejo Distrital de Cartagena. La tormenta que se desató el viernes de la semana pasada con una publicación de Dau en la que señala que concejales les estarían pidiendo OPS y que por eso lo atacan, provocó respuestas airadas el lunes, solo tres días después.

Los concejales atizaron el tema el cuestionar los nombramientos de la primera dama, Cynthia Amador, y de Lidy Ramírez Palencia, quien representa una de las banderas del gobierno de Dau: la lucha contra la corrupción. Ramírez fue nombrada asesora de Despacho del alcalde para tratar temas anticorrupción y de transparencia.

Varios concejales indicaron que Lidy no cumple con los requisitos para ejercer el cargo de asesora, y que no tiene la experiencia laboral requerida. Esto surtió efecto ayer, cuando Marta Carvajal Herrera, directora administrativa de la Oficina de Talento Humano del Distrito, indicó en un oficio que envió al mismo alcalde Dau y al Concejo, luego que esta corporación solicitara formalmente un concepto, que se revoque el nombramiento de Lidy, porque no cumple con algunos requisitos. Puntualmente, se refiere a que en la hoja de vida de la asesora no hay cómo verificar que está acreditada la experiencia profesional.

Esto dice el documento: “Si bien, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 785 de 2005, compilado en el Decreto 1083 de 2015, único reglamentario del Sector Función Pública, la experiencia profesional se adquiere a partir de la terminación y aprobación de las materias que conforman el pénsum de la respectiva profesión, en el caso concreto de la funcionaria Lidy Ramírez Palencia, aunque acredita experiencia adquirida antes de su graduación, no aportó certificado que permitiera determinar con certeza la fecha de terminación académica de su pregrado, dando lugar a la no verificación del requisito de experiencia exigido por el manual de funciones vigente”.

Por lo anterior, la jefa de la Oficina de Talento Humano del Distrito recomendó al alcalde Dau revocar el nombramiento de Lidy como asesora de Despacho.

“Lo anterior, garantizando el previo consentimiento de la funcionaria e informando que por falta de documento que demuestre la fecha de la terminación y aprobación de sus estudios profesionales, no se encuentra acreditado el requisito de experiencia requerida para el desempeño del cargo”, indica otro aparte del documento.

Sin embargo, Ramírez indicó que tiene certeza que se actuó bajo la ley y confía en que su nombramiento no será revocado. “La directora de Talento Humano o quien hizo sus veces en el momento de mi posesión tenía claridad de mi condición de haberme graduado posterior a mi terminación académica, porque yo misma insistí en ese detalle, pero que ademas se subsanaba con un simple certificado que nunca se me exigió y que por el contrario se me dijo que no era necesario y que equivalía a otro documento que yo entregué, como es el certificado de notas donde se evidencia la terminación académica. Es claro que se cometió un error, lo cual yo siempre he dicho que es humano, que además es subsanable. En mi hoja de vida, que es pública y que se encuentra en el Sigep, pueden ver todas mis certificaciones laborales y académicas. No es el Concejo quien puede entrar a cuestionar eso”, señaló la asesora.

Ayer en la tarde, el alcalde Dau se reunió en su despacho con su equipo jurídico para analizar el caso y decidir si revocaba o defendía el nombramiento de su mano derecha contra la corrupción.

Ramírez defiende su nombramiento

En la sesión de ayer del Concejo, antes de conocerse la respuesta de la jefa de Talento Humano, el cabildante Carlos Barrios volvió a atacar el nombramiento de Lidy (ya lo había hecho el lunes), y cuestionó la experiencia laboral que esta presentó en su hoja de vida.

“En su hoja de vida acredita más de 5 años de trabajo profesional. Vaya sorpresa, que Fernán Fortich es el esposo de Lidy y como es de conocimiento de todos, este lanzó amenazas contra los miembros de la corporación. Resulta paradójico que la misma asesora anticorrupción, en la Cámara de Comercio, la Fundación para el Desarrollo de los Saberes, constituida en el 2003, el representante legal es Fernán Fortich Palencia –esposo de Lidy–. Gran paradoja que en el tema anticorrupción la líder tenga un ‘yo con yo’ en su hoja de vida, donde su esposo es quien certifica la experiencia para acceder al cargo. En este oficio –que envió el Concejo– están incluidas las denuncias contra el esposo de Lidy por sus reacciones en redes. Vamos a responsabilizar a Fernán que si algo le llega a ocurrir a los miembros de la corporación, pueda venir de él porque ya lanzó amenazas. Pido hacer una reunión con la Policía Metropolitana y se le ponga en conocimiento esto. Se ha perdido la objetividad en el control político. Lidy no cumplió con los requisitos para estar en el cargo y la hoja de vida pudo tener algunos amañes. No queda otra opción que el alcalde revoque su nombramiento”, dijo Barrios.

Días antes, el concejal criticaba que el decreto por el cual se habría nombrado a Lidy no fue publicado, igual que declaraciones de renta de algunos funcionarios, señalando que esto lo exige la ley.

Respecto a esto, Ramírez dijo que hay un claro desconocimiento de los concejales en cuanto a la normatividad vigente en relación con la Función Pública. “Aquí está vigente el Decreto 1083 de 2015, que es el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, y que cualquier jurista, y más si es un funcionario público, debería conocer. Allí hay claridad en materia de qué se define como experiencia profesional y desde cuándo se computa”, dijo.

Así mismo, señaló que es aún más grave que “el Concejo está extralimitando sus funciones y yo respeto totalmente el ejercicio de control político que haga la corporación en el marco de sus competencias, pero también hay que hacer claridad en el Artículo 313 de la Constitución y la Ley 136, en especial el Artículo 38, que regulan las funciones de control político de los concejos. Allí queda claro que para hacer control podrán citar a secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas, así como al personero y el contralor, y además da claridad que el debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario”.

La funcionaria también añadió que “si bien la Ley 1551 de 2012 en el Artículo 18 dispone que además podrán exigir informes escritos o citar a cualquier funcionario, excepto al Alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del municipio, esta citación no equivale a un debate de control político.

“Con esto es claro que el Concejo esta extralimitando sus funciones, pretendiendo hacer un debate a un asesor de despacho, pero además cuestionando asuntos ajenos a sus competencias. Si ellos observan inconsistencias en mi hoja de vida, lo correcto es hacer las denuncias ante los entes competentes y no contrariando la ley. Espero que esto no tenga nada que ver con graves denuncias de ‘presuntos casos de corrupción’ que ciudadanos han hecho llegar a esta administración y en donde presuntamente están involucrados algunos de los que hoy son concejales, y que además se ensañan con la funcionaria que recepciona esos casos”.

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