El pasado 4 de marzo, el concejal César Pión sorprendió a los asistentes al Concejo Distrital tras presentarse a la plenaria teniendo en cuenta que fue condenado por el Tribunal Superior de Cartagena y que tiene casa por cárcel.
El cabildante fue condenado a 48 meses de detención domiciliaria el 31 de enero junto al exconcejal Américo Mendoza por hechos que se remontan a mayo de 2014, cuando la Fiscalía General de la Nación los acusó de suscribir las resoluciones 074 a 108 del 8 de marzo de 2012, en las cuales se reconoció el reajuste de honorarios y ordenó pagar, a favor de concejales y exconcejales, una suma total de alrededor de $7.609 millones sin existir disponibilidad presupuestal.
En diálogo con El Universal, el abogado Enrique del Río, defensor de Pión, explicó que este puede sesionar de forma presencial gracias a un recurso de impugnación especial que se presentó contra la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Cartagena y porque solicitó un permiso para salir de su residencia. Lea: Si fue condenado, ¿por qué César Pion volvió a sesionar como concejal?
“Como quiera que la decisión del tribunal fue condenar a prisión domiciliaria, dicha situación comporta el derecho de trabajar para efectos de solventar la manutención personal y familiar. El trabajo es un derecho fundamental que se les garantiza a los condenados, incluso en prisión intramural y, por ende, con mucha más razón a quienes se encuentran en prisión domiciliaria”, sustentó Del Río.
Dicho permiso para trabajar fue concedido ayer (3 de marzo) por el juez Quinto Penal del Circuito de Cartagena. Sin embargo, Álvaro Luis Lora, fiscal Seccional No. 60, se mostró en desacuerdo con el permiso concedido al cabildante argumentado que debe cumplir la medida de casa por cárcel.
“Se constata en la decisión objeto de recurso de apelación, de fecha 3 de marzo de 2022, del Juzgado 5 Penal del Circuito, que otorga permiso para trabajar al Dr César Pión González, parece que estuviera aislada del sistema penitenciario- la decisión-, toda vez que no se observa que el Inpec haya dado visto bueno a la actividad que se pretende conceder, que no es otra, sino en el sitio donde se realizó la actividad que se valoró en el proceso penal y que es objeto de recurso de doble conformidad”, se lee en el oficio.
Álvaro Luis Lora, fiscal Seccional No. 60.
Y destaca “que el trabajo es un derecho del que gozan todos los condenados sin excepción, estén cumpliendo la pena en un centro de reclusión, en su domicilio o morada o en cualquier sitio de reclusión, como mecanismo adecuado para la resocialización que persigue la medida punitiva, además, con la virtud de reducir el término de duración de la pena a través de la redención, con excepción de los trabajos contratados con particulares”.
El ente acusador solicita a la Sala Penal del Tribunal Superior revocar la revocatoria del auto señalado donde se concede al concejal Pión el permiso para trabajar desde el Concejo.
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