“Gobernadores y alcaldes no pueden hacer política”: procurador general

20 de junio de 2019 09:00 AM

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El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, expidió el documento de Directiva 08, que impone reglas de participación en política a los servidores públicos en las elecciones territoriales de 2019; y la Circular 07, que hace recomendaciones para los procesos electorales de autoridades locales y territoriales, convocados para las elecciones del próximo 27 de octubre.

Carrillo recordó sobre la participación en política, que todos los servidores públicos están sometidos a los límites establecidos en la Constitución y en las previsiones contempladas como infracciones o prohibiciones de las leyes 734 de 2002 y 996 de 2005.

“Ningún servidor del Estado, o particular que ejerza funciones públicas, salvo que esté autorizado legalmente, podrá participar en política, tampoco utilizar el cargo para favorecer o respaldar causas políticas de aspirantes a cargos de elección popular; usar su empleo como medio de presión sobre los ciudadanos para favorecer una determinada causa o campaña; hacer uso de la autoridad de la cual están investidos para ponerla al servicio de una causa política”, destaca la Directiva 08.

Asimismo, tampoco podrán “usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o realizar en cualquier sentido actividad política electoral; usar la capacidad contractual del Estado o sus instituciones para influir en favor de una causa política; emplear el tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar este tipo de intereses; exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales con el pretexto de ejercer el derecho de participación en política; usar información reservada tomada de los archivos de la entidad pública a las cuales tiene acceso por razón de su cargo para actividades políticas”.

Dice la orden del Procurador que “los servidores no pueden realizar o propiciar eventos o reuniones institucionales para patrocinar apariciones o causas de personas con aspiraciones electorales o políticas; presionar a particulares, subalternos o contratistas a respaldar una causa o campaña política, o influir en procesos electorales de carácter político partidista, o ejercer influjo sobre jurados de votación; ejercer sus competencias para inclinar de forma ilegítima la actuación de Estado a favor de una determinada corriente o movimiento político”.

Prohibida la financiación

De acuerdo a la directiva, los funcionarios “no podrán hacer contribuciones financieras a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán hacer aportes voluntarios (artículo 27 Ley 1475 de 2011)”.

Carrillo destaca que “los alcaldes y gobernadores deberán tener en cuenta las restricciones contractuales, presupuestales y de participación en eventos en los que concurran candidatos a cargos de elección popular”.

El Procurador invitó a la ciudadanía a participar como veedora del proceso electoral y denunciar hechos que comprometan la conducta de quienes ejercen funciones públicas, para lo que fue habilitado el correo electrónico control.electoral@procuraduria.gov.co y las líneas telefónicas 2848229 y 5878750, extensión 10868.

A alcaldes y gobernadores
A través de la Circular 07, el procurador General recordó que les está prohibido a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades estatales: celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos; participar, promover y destinar recursos en o para reuniones de carácter proselitista; inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a gobernación, alcaldía, concejo y Juntas Administradoras Locales. Tampoco podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas o para facilitar el alojamiento, o el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular.

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