El gobierno decidió ponerle orden al trámite de los miles de procesos judiciales que hay en su contra, por los cuáles podría llegar a pagar más de 46 billones de pesos, si los perdiera.
En tal sentido y mediante una Directiva Presidencial de diciembre pasado, la Agencia Nacional de Defensas Jurídica del Estado, emitió el nuevo procedimiento con el cual se tramitarán de forma coordinada, unificada y organizada los laudos arbitrales.
Señala la directiva que se expide “con el fin de asegurar la protección jurídica de los intereses del Estado y ejercer la coordinación y control de las actividades de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva”.
Una primera medida es que se ordena a los jefes de los departamentos jurídicos que justifiquen ante la Agencia Jurídica del Estado las motivaciones por las cuales se procede al pacto arbitral para solucionar la disputa judicial.
Igualmente, quedaron obligadas las oficinas jurídicas de las entidades públicas a que envíen a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la lista de los candidatos que la entidad pública pretende postular frente a la contraparte para la designación conjunta de árbitros.
Se precisa que en caso de que la entidad tenga más de un arbitramento no podrá enviar listas idénticas para todos o varios de ellos y se advierte que la Presidencia de la República no aprobará listas pre constituidas, es decir, aquellas que no hayan sido conformadas para un caso específico.
Frente a los arbitrajes internacionales con sede en Colombia, los candidatos a árbitros deberán acreditar conocimiento de la legislación colombiana y experiencia específica en la controversia.
Una disposición más que deben empezar a cumplir la oficinas jurídicas de las entidades estatales es que no podrán nombrar como árbitro a un abogado que sea contraparte en otro proceso de una entidad pública del orden nacional o a un abogado que se esté desempeñando, al momento de su designación, en más de cinco tribunales de arbitramento en los que intervenga como parte una entidad pública.
Finalmente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado notificó que las oficinas jurídicas deberán enviar copia de las demandas arbitrales, copia de los laudos arbitrales y dirigir trimestralmente un informe que contenga el listado de todos los procesos arbitrales en los que sean parte, los laudos arbitrales que hayan sido proferidos en este periodo y el nombre de todos los árbitros, contrapartes, abogados de la contraparte y abogados de la entidad u organismo designados para cada proceso.
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