La Seccional Bolívar de la Fiscalía General de la Nación formuló cargos a Marina Mosquera Cuesta, quien fungía como representante legal del Fondo de Vivienda de Interés Social de Cartagena, Corvivienda, para el 2009, por su presunta responsabilidad en la terminación irregular y posterior asignación de un contrato de construcción de vivienda.
El ente investigador le imputó a la exfuncionaria el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cargos que no fueron aceptados.
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Según la Fiscalía, Mosquera suscribió una unión temporal con la firma Construmilenium S de H, para la construcción del proyecto de vivienda de interés social Villa Zuldany, ubicado al suroriente de Cartagena.
Sin embargo, y según la denuncia instaurada el 12 de marzo del 2009 por dicha firma, cuando la obra tenía el 80% de avance, se argumentó una urgencia manifiesta, se dio por terminado el contrato y se cedió a otro constructor para que lo finalizara.
La Fiscalía investiga lo señalado por la entidad supuestamente afectada y, por tratarse de hechos relacionados, unió el caso a otra denuncia interpuesta por el ciudadano Óscar Marín Villalba el 28 de agosto del 2009. Según el material probatorio, a través de la Resolución 059 del 5 de marzo del 2009, Mosquera Cuesta declaró la urgencia manifiesta dentro del Proyecto Villa Zuldany.
Según el denunciante, el acto administrativo expedido no hace referencia a los motivos por los que se dio dicha declaratoria.
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