Inmuebles usados como “ollas” serían para organizaciones sociales

17 de septiembre de 2018 12:00 AM

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Con el fin de complementar los sistemas de denuncia que ha entregado el presidente Iván Duque a la comunidad para combatir el microtráfico, el senador Fernando Araújo radicó un proyecto de ley que busca que los inmuebles usados como expendios de droga sean entregados, en calidad de donación, a las comunidades organizadas.

Esto, posterior al proceso de extinción de dominio y de la colaboración veraz, oportuna y efectiva sobre los mismos.

La iniciativa también busca que se mantengan en estricta confidencialidad los nombres y datos personales de los denunciantes para evitar posibles repercusiones en contra de su integridad personal debido a la información entregada.

Lo que se busca con esto no es solo acabar con la problemática de las drogas en el país, sino permitir el desarrollo de actividades que empoderen a la comunidad, “la cooperación comunitaria es fundamental para luchar contra el microtráfico y poder convertir las ollas de venta de drogas en inmuebles para el beneficio de la comunidad”, dijo Araújo.

Las “ollas” actualmente generan un grave problema de salud pública al llevar la droga mucho más cerca de los consumidores, según la UNODC para el 2016, 7 de cada 10 (70 %) estudiantes declararon que les es fácil conseguir marihuana; por otra parte 4 de cada 10 (37 %) reportó haber recibido oferta de marihuana durante este mismo periodo.

Beneficios

De acuerdo al proyecto, es un incentivo para motivar la cooperación ciudadana. Implica presión social toda vez que exige una cooperación colectiva. Protege la identidad del denunciante.

Convierte un inmueble con usos negativos, para la comunidad y la juventud, en una oportunidad para que las comunidades accedan a activos que les permitan crecer.

Extinción de dominio

La extinción de dominio es un mecanismo en el que el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos. Su importancia radica en que es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias  contra el crimen organizado, ya que cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad.
 

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