Antonella es un milagro. Sobrevivió estando aún en el vientre de su madre cuando esta atravesó por un cuadro de hipotonía uterina hemorrágica. Casi muere, la reanimaron cuatro veces y, desde entonces, fue sometida a toda clase de terapias: físicas, psicológicas, fonológicas y ocupacionales.
Aprendió a hablar muy rápido. Desde el año y medio. Cuando cumplió dos años sus padres optaron por matricularla en una institución educativa de la ciudad para que la pequeña comenzara su etapa escolar. Desde entonces todo cambió. “La niña comenzó a tener conductas inusuales que llamaron nuestra atención: se tocaba sus partes íntimas o le generaban miedo los lugares oscuros. No quería ir a la cocina”, cuenta Erika, la madre de la menor.
Con el paso de los días, la menor perdía cabello. Sus padres la llevaron al dermatólogo, quién determinó que sufría alopecia. “Antonella es una niña de cabello abundante. Quienes la conocen siempre tienen elogios para su pelo. Tanto su papá como yo pensamos que todo lo que le pasaba tenía que ver con su nacimiento. Hasta aquel domingo en que la niña aterrorizada y señalando sus partes íntimas nos enseñó finalmente la verdad”.
Sí, con dos años, Antonella ingresó a la gruesa lista de menores de edad que son víctimas de abuso sexual en Colombia. Sus padres nunca imaginaron que el abusador estaba inmerso en un entorno de confianza: la escuela.
“Para una madre nunca será fácil aceptar que su hija fue víctima de abuso sexual y menos que esto le haya ocurrido en su colegio”, agrega Erika.
La batalla legal para que el presunto abusador pague aún no termina y se torna dolorosa tras conocer que la Corte Constitucional admitió una demanda que pretende tumbar el Registro Nacional de Agresores Sexuales que ampara la Ley 1918 de 2018.
De acuerdo con los abogados demandantes, la norma reglamentada por el presidente Iván Duque en abril de 2019 “atenta contra la honra y el buen nombre de los abusadores sexuales”.
“Es una medida de carácter infame, que vulnera la honra y el buen nombre, toda vez que su previsión de datos impone una marca de peligrosidad sobre una persona que ya ha cumplido con la sociedad pagando una pena privativa de la libertad”, expresaron a medios capitalinos los abogados Luis Andrés Vélez Rodríguez y Jury Vanessa Marulanda.
La Ley 1918 es de la autoría de la senadora bolivarense Nadia Blel, quien ha solicitado a la Corte Constitucional mantener el registro de abusadores sexuales de niños y niñas.
“Este es el resultado de una ley que aprobó el Congreso en pleno. Senadores de todas las bancadas nos unimos ante esta iniciativa que busca crear una inhabilidad y un registro de abusadores sexuales. Ninguna persona que haya sido condenada por delitos sexuales puede trabajar en un cargo donde tenga permanente contacto con niños”, expone.
El registro de abusadores sexuales debe ser consultado por todas las entidades públicas y privadas que tengan bajo su responsabilidad el cuidado o la educación de los niños antes de contratar a su personal.
“Aquí se trata de proteger los derechos de nuestros niños y niñas, quienes deben tener prevalencia por encima de cualquier otro. Por eso rechazamos cualquier postura jurídica que atente contra las medidas de protección y prevención que han sido establecidas por ley para garantizar el bienestar de los menores de edad”, afirmó Blel.
La senadora explicó que este registro no es de carácter público. Solo puede ser consultado por las entidades autorizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con previa autorización del aspirante al cargo.
“Entidades como colegios, hospitales, parques infantiles, almacenes de ropa infantil, hospitales, iglesias, empresas de transporte escolar, centros deportivos. Esta información se debe verificar previo a la contratación de estas personas y luego se tiene que hacer una actualización de esa verificación”.
En 2019, según cifras de la Fiscalía, se presentaron en Colombia más de 23 mil casos de abuso sexual contra niños y niñas.
A través de una petición en chance.org, la mamá de Antonella lidera una recolección de firmas para pedir a la Corte “No eliminar el Registro de Abusadores Sexuales”.
“Quizás si el colegio hubiese tenido un filtro más restrictivo antes de contratar a las personas que van a cuidar a nuestros hijos, esto se hubiese evitado”, expone Erika en su petición que ya completa más de 25 mil firmas.
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