"La reparación a las víctimas se hará gradualmente”

Hace pocos días se celebró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, una conmemoración con la cual el Gobierno pretende darle visibilidad a aquellos que han padecido las consecuencias del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, más allá de este reconocimiento lo que buscan estas personas son respuestas y reparación.
Ya han pasado más de tres meses desde que entró en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1 de enero de 2012) y según el presidente Juan Manuel Santos se esperan reparar a más de 400 mil víctimas durante el cuatrenio. Pero aún existen dudas sobre cuándo efectivamente se comenzarán a implementar estos procesos de reparación.
En diálogo con Colprensa, Paula Gaviria, directora de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas explicó que la reparación se llevará a cabo “gradualmente” y que se atenderá en un primer momento a las personas más vulnerables como niños, adultos mayores y discapacitados.
Por tal razón, dijo que hay que tener paciencia, pues “los ajustes que hay que hacer son de fondo, no son maquillaje ni estética”.
- Dentro de la Ley de Víctimas ¿Cuál es la función específica que ha venido desempeñando la Unidad que usted preside?
Estamos articulando todo el tema de víctimas para su reparación, estamos trabajando en alianza con  36 entidades del orden nacional y con entidades territoriales. Las entidades a nivel nacional ya han entregado unos planes de acción donde plantean cuál es su oferta específica frente a las víctimas.
Esos planes los estamos analizando en subcomités para la construcción de un plan que será conocido a través de un Conpes y que tiene que estar listo el 10 de junio de 2012, pero nosotros nos comprometimos con el presidente Juan Manuel Santos para tenerlo listo en mayo.
- ¿Cuál es el proceso que deben cumplir las víctimas para ser reparadas?
Las víctimas o las personas que han sufrido afectaciones se deben acercar al Ministerio Público (Procuraduría, Personería y Defensoría). Ellos tienen un Formulario Único de Declaración, que aún está en proceso de mejoramiento, y las víctimas no tienen que llevar nada, no tienen obligación de hacerlo, claro que si puede llevar información es mejor y el funcionario público no puede negarse a recibir. La persona se sienta y cuenta su hecho.
Ese formulario llega a nuestra Unidad y nosotros hacemos la valoración para determinar si ese hecho está dentro del marco del conflicto y la Ley de Víctimas. Hasta el momento no se ha hecho ninguna valoración, porque estamos pendientes de las decisiones de alto nivel.
- ¿Ustedes han tenido un contacto real con las víctimas para que conozcan la Ley?
Nosotros estamos desplazándonos a las regiones, hemos hecho varios talleres con víctimas en los cuales les planteamos lo que estamos haciendo. Hemos llegado sin guión, con la intención de escucharlos frente al aterrizaje de la política y sus propuestas. Este plan recoge además todos los lineamientos que nos ha venido dado la Corte Constitucional en materia de población desplazada.
A nivel territorial y a través del trabajo articulado del DNP, de los Ministerios de Interior y de Justicia, tenemos listos 700 proyectos de planes de desarrollo  para que sean aprobados por los consejos y las asambleas. Se han priorizado las regiones en donde hay más víctimas como Antioquia, Bolívar, Nariño, Meta, Córdoba, César, Chocó y Cundinamarca. Estamos en una etapa de planeación y de alistamiento en este momento para que se comience a implementar la Ley.
- ¿Qué sigue después de esta etapa de planeación?
Sigue que de aquí a junio los entes territoriales tienen que tener sus planes de acción, que ya es una cosa mucho más concreta y aterrizada, es una ruta de navegación concreta para avanzar en el cumplimiento de la Ley de Víctimas.
También es importante que sepan que ya se han instalado 35 comités de justicia transicional en diferentes partes del país, que son la instancia a nivel local donde pueden acudir las víctimas.
INICIO DE LAS VALORACIONES
- ¿Cuándo se comenzarán a hacer las valoraciones para analizar los casos?
Nosotros empezaríamos a hacer esas valoraciones tan pronto tengamos algunos criterios aprobados y lo que está haciendo la Unidad es alistando toda la información y dejar todo el dispositivo listo. La idea es que en máximo en un mes, por mucho, ya se puedan comenzar a hacer esas valoraciones.
Hay en este momento más de 70 evaluadores entrenados y capacitados en el enfoque de la Ley para que se comience analizar las reclamaciones.
- ¿Cuánto tiempo tardaría el desarrollo de esas valoraciones?
Aquí hay un tema muy importante y es el tema de la gradualidad, esta Ley da importancia a todas las víctimas y todas merecen atención. El problema es que los recursos son escasos y la Ley nos habla de un principio de gradualidad. Así que hay que tener paciencia, aún no sabemos.
- ¿Cómo se va a aplicar ese principio de gradualidad?
Nosotros vamos a identificar a las víctimas con mayores necesidades y mayor vulnerabilidad. No se puede decir que el impacto es mayor para la persona a la que le asesinaron un familiar que para otra que ha sido víctima de un abuso sexual, esto no se puede medir.
Lo que sí puede decir es que por ejemplo los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad puedan estar en una situación de vulnerabilidad más alta para darle una reparación más rápida.
LO QUE HAY
- ¿En qué se traduce esa reparación que se les hará a las víctimas?
Dentro de las medidas de reparación hay varios tipos, hay unas que no tienen costos que son las de satisfacción como reconocimientos a las víctimas. Pero la ruta gruesa implica recursos económicos, indemnizaciones y acompañamientos. Pero es claro que las víctimas tengan en cuenta que esto se hará gradualmente.
- Hasta el momento ¿Cuántas reclamaciones o solicitudes de reparación ha recibido la Unidad?
Hay  más de 400 mil solicitudes radicadas de indemnización que nosotros recibimos por parte de Acción Social y que hacen parte de las reclamaciones. Pero en realidad, este año tenemos 650 mil solicitudes de las víctimas, que no necesariamente son de reparación sino que se han acercado para exponer su caso.
¿Se ha detectado algún tipo de fraude para engañar al Estado?
Eso es una realidad y es el efecto de un país con pobreza, con inequidad y es normal también con una política que ofrece incentivos económicos. Lo que nos toca hacer como Gobierno es hacer los controles y judicializaciones de los casos.
Tenemos una unidad específica para fraudes y efectivamente hay personas que han faltado a la verdad y han abusado del sistema, pero ya se pasó esa información a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes.
- En  materia de restitución de tierras, ¿Cuándo podrían estar listos los predios?
La restitución de tierras también es un proceso gradual, no es inmediato. Lo que se ha venido haciendo es un proceso de formalización, de titulación, de anticipación. Y ahorita lo que se está haciendo es identificando los bienes, las zonas, las microzonas y los lugares específicos por las cuales va a empezar ese proceso de restitución. Se va a empezar duro en zonas como Mampuján y Tolima en mayo y otras en junio.
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¿Cuáles son los grandes retos que tiene la Ley de Víctimas?
Los ajustes que hay que hacer son de fondo, no son maquillaje ni estética porque o sino no se hubiese hecho la Ley, son transformaciones reales y definitivas para este país.
La apuesta más retadora que tiene la Ley es lograr un sistema único y articulado de información enfocada a la atención de las víctimas. La expectativa frente a la Ley es altísima, la gente siente más confianza y desde el año pasado se dobló la gente que está buscando al Estado para pedir atención.
EL DATO
- Las personas que ya estaban incluidas en el Registro de Población Desplazada son personas que no tiene que volver a declarar. Ese registro lo asume la Unidad de Reparación a las Víctimas  y lo integra al Registro Único de Víctimas
- La reparación para las víctimas de la violencia se aplicará para los hechos sucedidos después de primero de enero de 1985, mientras en el caso de la restitución de predios será después del primero de enero de 1991.