Política


“La tutela busca que se respete el debido proceso”: Distrito

Anthony Sampayo Molina, apoderado del alcalde William Dau explica en qué consiste la tutela que interpuso el Distrito en el proceso de los edificios Quiroz.

SOFÍA FLÓREZ

12 de septiembre de 2020 12:00 AM

Tras el desplome de Portales de Blas de Lezo II en el 2017, el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías ordenó al Distrito de Cartagena, entre otras cosas, otorgarles subsidios de arrendamiento a las víctimas del clan Quiroz.

Esto debido a que los afectados tuvieron que abandonar sus apartamentos, ya que las edificaciones donde residían, construidas por la familia Quiroz, son ilegales y estarían en riesgo de colapsar, como Blas de Lezo II.

Sin embargo, recientemente Javier Doria, abogado de las víctimas, denunció que el alcalde de Cartagena, William Dau, habría interpuesto una tutela mediante su apoderado Anthony Sampayo Molina, con la cual, a su parecer, “pretende que lo exoneren de cualquier responsabilidad” y “evitar ser sancionado”, ya que debido al retraso en el pago de subsidios, que viene desde la administración pasada, el juez sancionó al alcalde con una multa y unos días de arresto.

Tras conocerse la versión de Doria, desde la administración distrital le salieron al paso a dichas acusaciones y explicaron qué es lo que busca con la tutela. (Lea aquí: “Dau pretende que lo exoneren de cualquier responsabilidad”: abogado)

Sampayo Molina asegura que en ningún momento se pretende pasar por alto las medidas de protección de las víctimas, sino que se respete el debido proceso.

“La tutela no busca en lo absoluto, como se ha dicho, deslegitimar la calidad de víctima de los propietarios que resultaron perjudicados por los Quiroz, ni pasar por alto lo ordenado en la medida de protección que fueron los pagos de subsidios de arriendo. Lo que en realidad persigue la acción es que, si se piensa privar de la libertad al alcalde Dau por hechos que no acontecieron por su responsabilidad, ni en su administración, al menos se le respete el debido proceso”, dijo.

El apoderado de Dau precisó que también se pretende que “se tengan en cuenta todos los esfuerzos que se han hecho para cumplir con la orden judicial y todas las dificultades de naturaleza administrativa heredadas que lo han dificultado, lo cual no fue posible por la vía judicial que optó el juzgado, el cual consideró que el alcalde estaba en un supuesto ‘desacato’ y para sancionarlo acudió a una ‘medida correcciona’ (art. 143 Num. 4), norma que resulta absolutamente inaplicable”.

O sea, lo que cuestiona la administración es el procedimiento a través del cual se constituyó en desacato al alcalde, ya que se tomó una medida correctiva no aplicable a este caso.

Es de resaltar que el retraso en el pago de subsidios a los afectados no es algo nuevo, se remonta al 2019. Sobre esto la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía explica que el retraso se dio en razón a que los recursos con los que se hacen estos pagos se toman del rubro de sentencias y conciliaciones, el cual, a través del acuerdo de presupuesto, desde el año pasado fue incluido en el capítulo de déficit fiscal y esto impedía su uso.

Sin embargo, desde la administración se han hecho los trámites correspondientes para avanzar en el proceso y proceder a los pagos, los que se contemplan iniciar en el transcurso del mes de septiembre.