Gran revuelo ha causado la publicación de un video en redes sociales de parte del alcalde William Dau, en el que grabaron a escondidas una conversación entre este, la concejala Liliana Suárez y la secretaria de Educación, Olga Acosta.
El alcalde indicó que sus funcionarios están recibiendo presiones y que publicó el video en busca de poner un freno. En el video, le pregunta a Suárez que si fue a pedir OPS, pero esta responde que no. También le pregunta por unos mensajes que le enviaron al director de Espacio Público, Ausberto Coneo, en el que amenazan a este con enviarle un informe al alcalde de supuestos hechos irregulares si no accede a una cita. (Lea: Con grabación, William Dau denuncia presunto chantaje a sus funcionarios)
La concejala le indicó en la conversación que desconoce la situación, pero el burgomaestre le reprochó, explicándole que el número del que fue enviado el mensaje pertenece a Ronald Fortich, quien es esposo de Liliana Suárez y quien hizo parte del Concejo el periodo pasado. Dau asegura que descubrieron esto a través de una APP, cuando averiguaban de quién era el número del cual enviaban los mensajes amenazantes a Coneo.
Dau también preguntó a Olga Acosta qué fue a preguntarle Suárez y esta le indicó que le estaba comentando sobre dos fundaciones que tiene, que trabajan con jóvenes para evitar la deserción escolar. Sin embargo, el alcalde señaló que la concejala, presuntamente, habría intentado chantajear a la secretaria de Educación.
“A mí me llamaron ayer para avisarme que la concejal estaba en las instalaciones de la Secretaría de Educación, por eso me dirigí al lugar para confrontarla. Ella en el video menciona que tiene dos fundaciones, pero después le pregunto (y eso no sale en el video) acerca de los nombres de las fundaciones y me respondió que no tenían personería jurídica, que no eran formales”, explico el alcalde a este medio.
Para este, hay presión a sus funcionarios desde que ordenó aplazar nuevas contrataciones de Órdenes de Prestación de Servicio (OPS) y reducir las existentes. “Las dos modalidades más utilizadas para robarse el presupuesto del Distrito, además de los mega contratos, son las OPS y contratos con Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESALES), esas fundaciones falsas, chimbas, de papel que crean muchos políticos especialmente los concejales para robarse la plata”, explicó, añadiendo que esta semana sacará el llamado “libro blanco”, donde expondrá múltiples denuncias de hechos de corrupción.
Sin embargo, la concejala Liliana Suárez, del partido ASI, rechazó los señalamientos del alcalde e indicó a través de sus redes sociales que hacen parte de un show mediático.
“Quiero rechazar categóricamente el video publicado por el alcalde William Dau, que fue grabado en secreto y sin mi autorización (por lo cual tomaré las medidas pertinentes) en donde se pretende dañar o poner en duda mi honra y buen nombre. En ningún momento he pedido a la administración ningún tipo de coima o beneficio especial. Como se aprecia en el video tendencioso, jamás he pedido ni pediré ningún tipo de prebenda”, expresó la concejala.
Respecto a las anunciadas medidas legales por el video, Dau indicó que está dispuesto a enfrentarlas y que no teme enfrentar a los entes de control, asegurando que no va a parar en su lucha contra la corrupción. Explicó también que no mandó a hacer el video, y que cuando se lo mostraron decidió montarlo en las redes.
Pero, ¿qué dicen expertos en derecho penal respecto a la grabación de videos en procesos judiciales?
Algunos coinciden en que todo depende de cómo se den los hechos. Por ejemplo, el abogado penalista Ricardo Morales indicó: “La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, tiene dicho que no se requiere ninguna autorización o consentimiento para grabar en audio o video cuando se hace parte de la conversación y responde al propósito de preconstituir evidencia para llevarla a las autoridades, con el objeto de que se investigue algún delito. Ya serán las evidencias y el derecho de contradicción los que servirán en últimas para develar lo realmente acontecido”.
Entre tanto, el penalista Enrique Del Río explicó que, teniendo en cuenta la apertura de un proceso, genéricamente y de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Nacional, toda prueba obtenida sin el respeto de las garantías fundamentales es ilícita y se tendrá por inexistente.
“Debemos recordar que dentro de las garantías fundamentales está el respeto a la vida, integridad personal, la intimidad, entre otros. Por ello, no se pueden obtener evidencias bajo tortura y sin el debido proceso o con violación de la intimidad. Razón por la cual, toda acción encaminada a obtener una evidencia debe contar con las autorizaciones legales respectivas. El derecho a la intimidad es una conquista humana y, por supuesto, supone que cada vez que se limite este derecho exista un juicio de ponderación previa”, dijo.
Sin embargo, indicó que la Ley tiene algunas excepciones. “Es necesario puntualizar que, toda grabación o interceptación que se realice a las comunicaciones ajenas, debe contar con una orden de carácter judicial, con excepción de las circunstancias de que quien obtenga la grabación esté siendo víctima de un delito, como por ejemplo la extorsión, estafa, acoso sexual, entre otros, caso en el cual, de conformidad con la sentencia SU-159 de 2002, no será necesaria ninguna orden previa para captar o lograr las grabaciones de conversaciones u otras evidencias, que en otras circunstancias ameritarían una orden judicial previa. En conclusión, por preservación de garantías fundamentales, lealtad y elemental cortesía, ante cualquier necesidad de grabar una conversación, si no se es víctima de un delito, se debe informar y esta debe ser autorizada por los interlocutores que participan en la conversación”, explicó Del Río.
También se dice que la concejala entablaría denuncias por injuria y calumnia, además de solicitar un proceso disciplinario contra el alcalde. Sin embargo, habrá que esperar qué medidas realmente va a tomar.
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