Política


Investigación y controversia por contrato de arriendo de cárcel de mujeres

Contraloría abrió indagación contra el Distrito por el supuesto detrimento que estaría causando el contrato de arriendo de la cárcel de mujeres.

Un nuevo proceso deberá enfrentar la administración del alcalde William Dau ante la Contraloría Distrital de Cartagena, esta vez por un supuesto detrimento que estaría causando el contrato de arriendo del predio donde funciona la cárcel de mujeres del Distrito, en zona de conurbación con Turbaco.

El ente de control abrió la investigación tras analizar la denuncia interpuesta por Álvaro Payares Orozco, presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Horizonte, indicando que hay varias observaciones administrativas con presunto alcance disciplinario e incluso penal.

La indagación empieza desde el 2019, dado que el predio donde funciona la cárcel se arrendó en primera instancia por la administración de Pedrito Pereira, estando al frente de ello José Carlos Puello como secretario del Interior. También la administración de William Dau, que durante el 2020 y lo que va del 2021, hizo un contrato de arriendo del mismo predio.

La Contraloría señala que en el contrato “no se señala la metodología o indicadores para identificar el canon de arrendamiento, no existe comparación de precios en el mercado”.

“Lo anterior demuestra que en la Secretaría de Planeación de Turbaco no reposa certificación alguna sobre el uso del suelo para el lote en cuestión, lo que nos lleva a cuestionar lo plasmado en los estudios previos correspondiente a que el uso es mixto 2 compatible con centros penitenciarios”, indica la Contraloría en la investigación.

Así mismo, señala que no habría un fundamento para justificar la contratación de un bien inmueble por fuera del territorio distrital.

“Al realizar el análisis comparativo entre los planos resultantes de los requisitos mínimos exigidos por la Uspec y el levantamiento efectuado en visita de inspección, se pudo constatar que las necesidades establecidas en los planos suministrados por la Uspec y el Inpec, no se evidencian en la planta física de la cárcel distrital, lo que nos lleva a concluir que no se cumplió con los requisitos mínimos exigidos para su funcionamiento. De igual forma, se determinó que el metro cuadrado ocupado actualmente por la cárcel distrital no corresponde al metro cuadrado establecido en los documentos precontractuales y contractuales, correspondiente a cinco mil metros cuadrados”, indicó el ente de control.

Así mismo, habla de un presunto detrimento y argumenta que el Distrito habría arrendado más de los metros cuadrados requeridos para que funcione la cárcel.

“En documentación precontractual y contractual, se identifica que el objeto a contratar es el ‘arriendo de 5.000 m2 de lote’. Sin embargo, según requisitos exigidos por la Uspec y el Inpec, se requería un área a ocupar de lote de 3.458,6457 M2, aproximadamente, evidenciándose en documentos precontractuales que no existe justificación alguna para que el Distrito comprometiera su presupuesto en una suma que afectara un área equivalente a 5.000 m2 de lote, cuando lo que exigían las autoridades penitenciarias era solo 3.458,6457 m2 aproximadamente, contratándose adicionalmente a esto 1.541,3543 m2, lo que configura un presunto detrimento patrimonial por $837.568.628, correspondiente a las vigencias 2019, 2020 y 2021”.

Así mismo, la Contraloría señala: “Se evidencia que el metro cuadrado contratado de 5.000 m2, no corresponde al metro cuadrado determinado en visita de inspección técnica realizada por esta coordinación, que fue de 1.354,32 metros cuadrados aproximadamente, existiendo una diferencia de 3.645 metros cuadrados respecto de lo contratado, generándose una variación en el valor del canon de arrendamiento, el cual asciende a la suma de $110.058.595. Sumado a las vigencias 2019, 2020 y 2021, se determina un presunto detrimento por $1.981.054.710”.

Administración anterior

José Carlos Puello, secretario del Interior del Distrito en el 2019, recordó que a finales de ese año se logró el traslado de las reclusas de San Diego al predio en cuestión, atendiendo la sentencia T126 del 2009.

Argumenta que el lugar en San Diego donde funcionaba la cárcel tenía serios problemas y que gracias al esfuerzo de la administración se hizo el traslado al predio en Turbaco, contando para ello con el acompañamiento de la Procuraduría Provincial de Cartagena y la Defensoría del Pueblo en ese proceso.

“La Uspec inmediatamente avaló dicho predio y nos manifestó que no buscáramos más. Nos recomendó, más no exigió, por tratarse de una cárcel distrital y no nacional, unas adecuaciones mínimas las cuales se realizarían más tarde”, dijo, recordando que hubo problemas para conseguir permisos con la Alcaldía de Turbaco, situación que posteriormente se solucionó.

Finalmente, el 23 de diciembre del 2019 las internas de San Diego fueron trasladas al predio en Turbaco, con mejores condiciones.

“Hay que manifestar que la administración -de entonces- en cabeza de Pedrito Pereira Caballero y por medio de la Secretaría del Interior se suscribió un contrato por el término de dos meses sin pasar del 31 de diciembre. En este contrato se le exigieron al arrendador tres avalúos por profesionales adscritos a la lonja de Cartagena y en virtud de ello se estableció el estudio de mercado, además de realizarse con otros arriendos similares el estudio del sector. Importante recalcar que de los dos meses contratados, el Distrito solo canceló quince días, es decir, unos 75 millones de pesos. Esto gracias a un parágrafo que se le adicionó al contrato en el sentido que debían los arrendadores dar unos días para que nosotros hiciéramos las adecuaciones, lo cual necesariamente de acuerdo a la experiencia no tenían que aceptar los arrendadores, pero gracias a nuestra persuasión y como el contrato es ley para las partes, ellos aceptaron, logrando un ahorro por casi $225 millones. Con esto queda demostrado que con nuestra conducta no se configuró ningún detrimento. Por el contrario, se demostró un ahorro significativo. Nuestro actuar fue responsable y fiscalmente diligente. Los contratos referentes a los años 2020 y 2021, desconozco los pormenores”, indicó Puello Rubio.

Actual administración

Mientras tanto, el actual secretario del Interior, David Múnera, indicó que la administración de William Dau, que asumió en el 2020 las riendas de la ciudad, mantuvo el contrato de arrendamiento en las mismas condiciones con el que se hizo durante el mandato de Pedrito Pereira.

“Lo que hemos hecho es mantener ese contrato con los mismos linderos y medidas del 2019 y el mismo valor. El contrato establece que el predio es de 5 mil metros, pero no son metros lineales, sino que también estamos alquilando construcción, van incluidos los metros de construcción, que es lo que permite los 5 mil metros. Así se estableció en la administración de Pedrito Pereira y lo hemos mantenido. Quieren poner como si 5 mil metros fueran lineales, como si eso fuera un cuerpo vacío, como si no hubiese construcción en absoluto. El contrato tiene las mismas condiciones desde el 2019 y no se ha modificado pese a los índices de inflación y a los avalúos comerciales. Fue un contrato que heredamos y que hemos mantenido”, concluyó Múnera.

El Distrito ya fue notificado de la indagación de la Contraloría y tendrá cinco días para enviar una respuesta.

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