“A Manolo hay que darle tiempo”, expresó el gobernador Dumek Turbay a propósito del proceso de revocatoria que sigue un comité cívico para tumbar al alcalde de Cartagena.
Las declaraciones del mandatario levantaron ampolla entre opositores de Manolo y entre los mismos promotores del proceso ante la Registraduría Nacional en esta ciudad.
El mismo alcalde había dicho que no le preocupaba la intención de un sector de revocarle el mandato.
El gobernador agregó además que: “No soy hincha de las revocatorias, no sirven, me parece que polarizan y someten a las comunidades a un desgaste innecesario, eso no le hace bien a nadie”.
Para el mandatario es mejor que las comunidades y líderes se apoyen en los organismos de control y veedurías para “que se haga un control preciso a quienes hacemos una labor de gobierno”.
Las declaraciones del funcionario fueron más allá, hasta el punto que opinó sobre las situaciones de los alcaldes de Cartagena, Zambrano, El Carmen de Bolívar y Turbana, que afrontarían procesos revocatorios, ya que comités con este propósito han acudido a las Registradurías para formalizar la recolecta de firmas y sacarlos del cargo.
“No estoy de acuerdo a esas intenciones de revocatoria; a esos mandatarios hay que dejarlos gobernar; antes los gobernantes deben escuchar a las comunidades para que se puedan corregir los errores. No es fácil gobernar, y sabemos que no somos infalibles, no tenemos un blindaje especial, nos podemos equivocar, pero un proceso de revocatoria no es bueno para la ciudad ni para ninguno municipio en Bolívar”, sostuvo el mandatario.
A pesar de sus críticas y diferencias con el actual alcalde de El Carmen, Rafael Gallo Paredes, el gobernador tampoco apoya que sea revocado de su cargo.
“Los costos son altos”: Américo
Por su parte para el concejal Américo Mendoza, de ASI, no será fácil que el comité pro revocatoria “consiga 80 mil firmas entre los votantes en 2015 en el Distrito”. Para Américo el proceso de recoger firmas costaría unos 320 millones de pesos y el proceso en su totalidad unos 5 mil millones de pesos más, que según el concejal “no se sabe de dónde saldrán”.
Para el concejal esta propuesta se basa en un argumento que no es real porque el alcalde Manolo Duque sí ha cumplido con su programa de Gobierno tal como lo demuestran, según él, componentes como el sistema de drenajes pluviales, inauguración de escenarios deportivos, modernización del sistema de seguridad, reanudación de obras del sector de la salud.
“Es un golpe a la democracia”: Pérez
Pero otra cosa piensan los promotores de la revocatoria del mandato de Duque.
Roberto Pérez Liñán, el promotor de la firmatón anti-Manolo expresó que: “Las declaraciones del gobernador son un golpe de estado a la democracia y me parece la más grande madurada que puede decir un mandatario. Evidencia el miedo de la clase política porque sienten que corren peligro de ser destituidos por el elector.
Turbay pide que nos quiten el poder, y se olvida que la ciudad y el departamento es una empresa en donde sus mayores socios y a la vez activos, somos los ciudadanos”.
“El gobernador y el alcalde son en realidad unos empleados del pueblo que tienen que mostrarnos resultados de lo que hacen con esta empresa llamada ciudad; por eso si no arrojan resultados, sino cumplen con las metas, tenemos que destituirlos”, agregó Pérez.
“El gobernador está echando un chiste grosero; no le gusta el alcalde de El Carmen de Bolívar pero no quiere que lo revoquen”, sostuvo el líder.
Desestimó también los apuntes del concejal Américo Mendoza y criticó que: “el concejal Américo Mendoza lo que quiere es intimidar y desmotivar a un grupo de personas que queremos una ciudad mejor con su seudoanálisis financiero; o acaso se le olvida al concejal cuánto costaron sus dos campañas al Concejo?”.
En medio de estas declaraciones habrá que esperar qué define la Registraduría sobre los comités que promueven revocatorias en Bolívar.
Revocatorias que no prosperan
Desde el 1991, en que empezó a regir el mecanismo de las revocatorias en el país, se han instaurado 166 intenciones de tumbar mandatarios.
De esos intentos solo 50 lograron llegar a las urnas pero no se pudo revocar a los funcionarios elegidos por elección popular.
La Ley 134 de 1994 estableció unos parámetros que los ciudadanos no pudieron cumplir y por ello se reformó con la Ley 1757 de 2015 con requisitos menos engorrosos.
Sin embargo la polémica por la revocatoria como figura de control está servida en el país, debido a los comités que intentan tumbar a los alcaldes de Bucaramanga, Bogotá, Cartagena y varios municipios del país.
Los expertos apuntan a que el solo proceso de convocar a la gente a que responda si quieren revocar a su mandatario cuesta más de 30 mil millones para cada ciudad; y posteriormente vendría una elección atípica en cada entidad territorial con un mont mucho mayor.
A eso se suma que el mecanismo legal tiene muchos vacíos y la gente no puede demostrar qué es lo que no ha cumplido el alcalde que quieren tumbar y la propuesta no pasa en el comité de la Registraduría.
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