La plenaria del Senado prorrogó por cuatro años más la Ley 418 o de Orden Público, que establece el marco jurídico que se requiere para eventuales diálogos con los grupos alzados en armas y atender las necesidades de las víctimas del conflicto armado, entre otros temas.
El ponente de la iniciativa, senador Germán Varón Cotrino (de Cambio Radical), explicó a sus colegas los alcances de los artículos de la citada ley que ha sido prorrogada en varias ocasiones anteriores y que precisamente su última vigencia vencía el próximo 18 de diciembre.
A través de esta iniciativa se crean las zonas estratégicas de intervención integral, que podrían competir con los PDETS (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).
Así mismo se fortalece el Consejo de Seguridad Nacional, que podrá declarar zonas estratégicas de intervención integral a regiones afectadas por la criminalidad, que afecten la seguridad nacional, especificando que estas áreas serán objeto de planes especiales de fortalecimiento del Estado social de derecho.
Establece que los planes integrales tendrán la duración que determine el Consejo de Seguridad Nacional.
Igualmente, el citado Consejo señalará cuándo una organización se califica como grupo armado organizado al margen de la ley y si se dan las condiciones necesarias para que pueda ser sometida a esta ley.
Se dispuso que el gobierno creerá una subcuenta en el Fondo de Programas Especiales para la Paz, para financiar los planes, programas y estrategias de las zonas estratégicas de intervención.
Los recursos serán adicionales del presupuesto público y se tendrá en cuenta la cooperación internacional y los aportes del sector privado.
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