La citación a los entes de control y la Concesión Vial al debate en el Concejo Distrital por el caso de los peajes internos en Cartagena tenía a muchos a la expectativa.
Sin embargo, la atención se la llevaron varios miembros de la corporación edilicia, que le pusieron al Distrito varias cartas sobre la mesa para terminar el contrato con la Concesión Vial, cuyo representante finalmente no llegó a la cita.
Tampoco lo hizo la nueva directora encargada de Edurbe, Tatiana Sánchez, quien envió una excusa médica, que finalmente no fue aceptada por el Concejo. Tampoco llegó la fiscal 40 Seccional, que fue citada teniendo en cuenta que también lleva una investigación por el caso de los peajes.
Quien sí estuvo fue Freddys Quintero Morales, contralor Distrital de Cartagena. Este recordó que en 2017 desde el ente de control distrital se acogieron denuncias de William Murra y de varios veedores con relación al proceso de auditoría a la Concesión Vial. Dijo que por ese proceso se determinó que la Tasa Interna de Retorno (TIR) se había alcanzado, lo que dio paso a un proceso de responsabilidad fiscal.
“Ese mismo año, en junio, estando la administración de Edgardo Maya como contralor general, en ejercicio de control excepcional solicitaron una intervención y ahora ese proceso cursa en la Contraloría General. Nosotros, siendo respetuosos del ejercicio de control excepcional, mal haríamos tomando una partida que en este momento está bajo resorte de la Contraloría General”, dijo.
En la cita estuvo de manera virtual Gabriel Jurado, delegado de la Contraloría General. Este recordó que ese ente emitió un auto en el que indica que la TIR se habría alcanzado en el 2015 y que ello habría generado un detrimento de unos $300 mil millones al Distrito.
Sin embargo, dice que eso no es un fallo y que el proceso sigue abierto, estando en etapa de instrucción. Especificó que en estos momentos están escuchando las versiones libres de las 39 personas vinculadas al proceso, entre ellas varios exalcaldes.
“Me parece importante contar que dentro del proceso de responsabilidad que hoy se surte en la unidad anticorrupción de la Contraloría y en virtud de la reserva legal hay mucha información que no puede ser pública y que solo conoce el funcionario instructor, ni siquiera en la Contraloría General conocemos esos datos”, dijo.
César Pion, concejal de la bancada de La U, le preguntó cuánto podría durar ese proceso, pero el delegado del ente indicó que no sabe si podrían ser 6, 7 o 9 meses, pues ello lo determinará la forma en como se avance con la recolección de testimonios y demás elementos, aunque destacó que el contralor general pidió que ese proceso se haga con la mayor celeridad posible, que se le de prioridad.
Pion también indicó que le preocupa la defensa del Distriro en el caso de los peajes, teniendo en cuenta que ya la Concesión Vial solicitó que se empezara un proceso arbitral. El concejal dijo eso teniendo en cuenta que el supervisor del contrato de peajes para el Distrito, Edurbe, señaló en un informe que la TIR aún no se alcanza.
A varios de los cabildante también les preocupó que la directora de Valorización indicara que ese departamento no es supervisor del contrato de peajes, pues alegan que sí tiene esas funciones y que varias actas en medio del proceso darían constancia.
Mientras tanto, el concejal Carlos Barrios, de la bancada de Cambio Radical, expuso varias opciones para que el Distrito las tenga en cuenta, con las que podría, a su modo de ver, terminar el contrato de forma directa.
“El alcalde William Dau cuenta con dos herramientas -para terminar el contrato-. Una en razón del orden público: ¿Qué esperamos?, ¿que haya un muerto o que vuelvan los ciudadanos a las calles y los transportadores? Hay suficiente jurisprudencia, así que la administración se puede apoyar para obtener la suspensión unilateral por razones de orden público”, dijo.
Explicó que el alcalde debe tener mucho cuidado, igual que la directora de Valorización, porque también podrían quedar como procesados dentro del proceso de la Contraloría por el presunto detrimento.
Así mismo, le planteó a la administración que podría recurrir a la Fiscalía Seccional y pedir que se suspenda el contrato, teniendo en cuenta que el ente acusador también realiza una investigación en la que, de igual manera, se indica que la TIR ya se habría alcanzado.
“Si la fiscal nos escucha, le pedimos que de forma oficiosa se convoque a un juez de Garantías y con este hecho nuevo del presunto detrimento -auto de la Contraloría- solicite la suspensión del contrato también, para evitar que pasado este mes y 15 días pueda haber nuevamente afectación del orden público o un muerto. Hay suficiente material jurídico para que se tome esta decisión”, puntualizó Barrios.
Agregó que no confía en el informe de Edurbe, teniendo en cuenta que “está quebrado y que vive de los cerca de 60 millones de pesos que le paga la Concesión por la supervisión del contrato”.
“No tengo nada en contra Edurbe, Valorización o la Concesión. Respecto a este contrato, en derecho dos más dos no es cuatro, pero en matemáticas es muy difícil que tres entidades -Fiscalía, Contraloría Distrital y Contraloría General- se hayan dado cuenta que hay un detrimento tan grande. Ahí están los números. Si fuera abogado -de la Concesión- claro que convoco al tribunal de arbitramento y pido un peritazgo, porque esa es la estrategia que deben tener y que este refute lo que dicen los órganos de control. Verán que van para allá. La invitación al concesionario es que hoy se siente con la junta y revisen lo que está pasando en Cartagena, y se comprometan con el pueblo”, explicó Barrios.
El concejal Óscar Marín, del Partido Conservador, le presentó otra propuesta al Distrito para que busque terminar el contrato de peajes de forma unilateral.
“Hay algo que no se ha dicho y se está pasando por alto y puede ser una herramienta para que la administración pueda suspender el contrato de peajes. El concesionario debe al Distrito unos 17 mil millones de pesos por concepto de predial. Y eso, al parecer, está fundamentado ante un acuerdo reglado por esta corporación. En este al concesionario se le obligaba al pago de impuestos prediales sobre bienes donde está hoy el peaje de Manga. Es un concesionario que es un deudor pasivo del Distrito (...) Con el simple hecho de tener eso -la deuda-, ya hay mérito ejecutivo para ser ejecutado, si no paga, entonces suspenda el contrato por incumplimiento del concesionario, para eso hay herramientas jurídicas (...) Es menester que la administración piense en una herramienta para suspender y pedir al concesionario que se ponga al día con el predial”, explicó.
El presidente del Concejo, Wilson Toncel, señaló que el alcalde tiene las ganas, pero no los argumentos. Explicó que el informe de su entidad supervisora (Edurbe) le favorece a la concesión.
“El alcalde se encuentra solo, porque los argumentos técnicos y jurídicos, que se los debe brindar la administración, en cabeza de Edurbe y Valorización, vemos que no tienen ningún tipo de argumentación. Tan es así, que el informe de Edurbe es favorable a la concesión. Lo que es increíble, inverosímil, es que la diferencia de alcanzar la TIR es la manera como se utiliza la fórmula para lograr alcanzarla. Pareciese que el Distrito o los funcionarios del pasado que tenían a su cargo la supervisión utilizaban fórmula, pero no a favor del Distrito sino del concesionario, y le daban ventaja al concesionario de que este aún permanezca (...) Estos funcionarios deben buscar documentación. No puede ser que para los entes de control sea uno, pero para los funcionarios del Distrito la cuenta sea desfavorable para los cartageneros. Si el Distrito no tiene herramientas, no tiene cómo defenderse en el litigio”, expresó Toncel.
Añadió que envió un requerimiento a la Procuraduría para que haga un control preventivo y que así se construya una fiducia para que los recursos recaudados en los peajes vayan a esta, y más adelante, cuando se decida el litigio, se le entregue el dinero a quien le pertenezca y así evitar un posible detrimento.
“Alcalde, coadyuve esta iniciativa y mandemos el oficio a la Procuraduría para que mediante un control preventivo salvemos los recursos de Cartagena”, concluyó el presidente del Concejo.
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