Los concejales consideran irregular contrato del IPCC

26 de marzo de 2010 12:01 AM

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Con el proyecto, el Distrito le apunta a la construcción de un nuevo eje de transformación social para dar cumplimiento a los programas de democratización del acceso a los escenarios culturales. Una supuesta discriminación hacia las firmas de ingenieros de la ciudad, por un contrato que se asignó a una empresa de otra región del país, motivó a una citación de la directora del IPCC, Gina Ruz, al Concejo Distrital, que luego se derivó en otras denuncias por presuntas irregularidades durante su celebración. Se trata del contrato con la firma Corporación Parque Explora de Medellín, para el estudio y diseño del proyecto del Parque Biblioteca para la Ciencia y la Tecnología Espíritu del Manglar en Chambacú, el cual se hizo por valor de 3.470 millones de pesos, cifra que fue el punto de partida para los cuestionamientos que hicieron los concejales. Y es que para los miembros de la corporación la cifra resulta “escandalosa”, toda vez que para la construcción de dos megabibliotecas se había aprobado previamente una partida presupuestal de 10 mil millones de pesos, razón por la cual se preguntan que si ese es el costo del estudio y diseño del proyecto, ¿cuánto costará la totalidad de la obra y de donde saldrán esos recursos? También consideran que hay un cambio de destinación para esos recursos, porque según los concejales este se asignó para megabibliotecas y no para un “parque temático”, que es lo que consideran que planean construir. Celebración indebida Además, durante el debate, los concejales expresaron que el contrato se celebró de manera indebida, ya que -a su juicio- se debió hacer por concurso de méritos o licitación pública, como lo establece la Ley de Contratación. Sobre el particular, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Gina Ruz, explicó que la contratación del diseño del proyecto se hizo basada en el Decreto 2474 de 2008, el cual permite la contratación directa para proyectos de innovación en ciencia y tecnología, según lo define la Ley 591 de 1991. Sin embargo, para algunos concejales ese argumento “sólo trata de confundir”, y argumentan que el contrato es de obras civiles, y que de ser así, la justificación de la modalidad debió hacerse previamente, como lo señala el Parágrafo 1 del Numeral 4, Artículo 2, de la Ley 1150, por lo que sostienen que el camino procedente era la licitación pública. Celeridad en el proceso Otra de las cosas que en la corporación distrital consideraron sospechosas, es que supuestamente el contratante presenta la propuesta el 18 de enero, el 20 se califica y el 27 se expide el Acto Administrativo que lo justifica, ese día también se expide el certificado de Disponibilidad Presupuestal y el 28 del mismo mes se firma el contrato. En esto, encuentran una rapidez inusual, especialmente en la víspera de la Ley de Garantías Electorales, lo cual motiva a que consideren importante hacer un debate en general sobre la contratación en el ámbito administrativo, toda vez que “se debe tener celeridad pero sin desconocer los procesos”. Para Gina Ruz, esta rapidez se debe a que ese es el mecanismo con el que vienen desarrollando los procesos de contratación en el IPCC, y ese no tenía por qué ser la excepción. Finalmente, cuando Gina Ruz interviene nuevamente para responder a las dudas que plantearon los concejales, estos consideran que sus apreciaciones no eran acordes con el cuestionario que le habían pasado ni la esencia del debate que era lo relacionado con el contrato. Por esa razón decidieron que había suficiente ilustración y presentaron una proposición, que fue aprobada por la corporación, en la cual solicitan la nulidad absoluta del contrato en mención, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 porque a su juicio contempla irregularidades que lesionan los intereses del Distrito. O, de común acuerdo entre el contratante y contratista liquiden el contrato y se abra una convocatoria pública para que se adecue a los procedimientos legales. Adicionalmente el representante Gremial de la Asociación Colombiana de Ingenieros, William Mourra, presentó una denuncia sobre esta contratación, ante el procurador Regional de Bolívar, Egardo Orlando Pinilla, y el contralor Distrital, Hernando Sierra Porto, con 72 folios que la sustentan. Cuestión de concepto La directora del IPCC, Gina Ruz, le dijo a El Universal que hay algo importante que aclarar, como es el concepto de Megabiblioteca con el que se espera desarrollar el proyecto del Parque Biblioteca para la Ciencia y la Tecnología Espíritu del Manglar. Este ya existe en ciudades como Bogotá o Medellín, y consiste en un equipamiento cultural con usos recreativos, de aprendizaje o interactivos, donde no se concibe la biblioteca como el simple contenedor de libros, sino como un espacio para la diversión, la recreación y la investigación; todo enmarcado en un concepto de ciencia y tecnología. “En ese sentido amplio se puede comprender como el Distrito ha querido hacer con el Parque Explora, quien tiene amplia experiencia en diseños culturales e infraestructura de ciencia y tecnología, aprovechando los beneficios que da la Ley de ciencia y tecnología para hacer una contratación directa, además con una entidad que tiene los pergaminos para hacerlo”, explica Gina Ruz. Dice que aún no se conoce el costo de la obra y que en los 3.500 millones incluyen los estudios más los diseños del contenedor o infraestructura y del contenido o museografía, más todo lo que se requiere para darle una verdadera aplicación interactiva. Otras consideraciones Agrega también que el costo del contrato está por debajo de los valores que contiene la tabla de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. A su vez, lamentó que no le hallan dado la oportunidad de aclarar las dudas que plantearon los concejales, ya que -a su juicio- muchas de las cosas que se plantearon en el debate no están sustentadas en los hechos. Por esa razón asegura que dará las respuestas por escrito a los miembros de la corporación. Por último, dijo que en el contrato se cumplieron con todos los requisitos legales amparados en la Ley de Ciencia y Tecnología, que se hizo con una corporación idónea y con la autorización de la Junta Directiva del Parque como la del IPCC. El proyecto Según Gina Ruz, los estudios y el diseño del parque biblioteca tendrán un costo cercano a los 3.400 millones de pesos y contará con una biblioteca, que incluirá salas de música, de consulta, de colecciones, infantiles y para talleres de capacitación; un bioespacio, en donde estará el mariposario, la sala de exposiciones y 3 áreas temáticas; y un acuario y un domo digital con auditorio y salón interactivo.

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