La consulta anticorrupción, aprobada el pasado martes por el Senado, todavía tiene mucha tela por cortar. El Gobierno no ha definido una fecha para su votación, y lo más probable es que se hará después de la segunda vuelta presidencial y antes del 2 de septiembre de 2018.
Uno de los mandatos más polémicos de esta consulta es el que busca reducir la remuneración de los congresistas de 40 salarios mínimos (31 millones 331 mil 821 pesos) a 25 (19 millones 531 mil 050 pesos) y fijar esta tasa como tope para los funcionarios públicos. De hacerse, representaría un ahorro anual de 141 millones 609 mil 252 pesos por congresista y, con el tamaño actual del Congreso, el ahorro sería cerca 213 mil millones de pesos, valor del presupuesto de la alcaldía de Bogotá para recuperar la zona del Bronx.
Sin embargo, los opositores plantean que para llevar a cabo este mandato se necesita una reforma a la Constitución (ocho debates en el Congreso) y además, se verían afectados en su remuneración funcionarios como los altos mandos de las Fuerzas Militares.
Según el constitucionalista Juan Manuel Charry “los mecanismos de participación ciudadana tienen una finalidad. Para reformar leyes o artículos constitucionales existen el referendo. Creo que equivocaron el mecanismo de participación porque convocan a la ciudadanía para que se manifieste de manera administrativa y le dé un mandato al Congreso para que modifique leyes y normas constitucionales. Además, reducir el salario de otros funcionarios iría contra los conceptos de la Corte Constitucional que dicen que a uno no le pueden bajar el sueldo”.
Los otros puntos
La consulta plantea otra reforma a la Constitución. El punto siete busca que los elegidos tengan un límite máximo de tres periodos en la misma corporación sea en el Senado, la Cámara, Asamblea, Concejo o Jal. Para realizar este cambio son necesarios ocho debates, pero necesitará de la voluntad política de los congresistas que se posesionan el 20 de julio para sacarla adelante.
El cuarto mandato busca realizar audiencias públicas para decidir las partidas presupuestales de departamentos y municipios. Según la senadora Claudia López, nunca los ciudadanos han hecho parte de ese tipo de comités para decidir en que se debe gastar el dinero de la nación.
Sin embargo, el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Central, Erick Behar Villegas, asegura estar de acuerdo en que “se implementen grupos de veeduría eficiente, pero no que se frene la ejecución en materia presupuestal. Si en un comité especializado 15 personas no son capaces de ponerse de acuerdo, no me imagino un grupo de 200 o de 500, no todas ellas con conocimiento y tratando un tema tan delicado”.
Así mismo, la reforma busca que los condenados por corrupción cumplan la totalidad de las penas en la cárcel y sin beneficios ni rebaja, por ejemplo, como el otorgado de casa por cárcel a Germán Trujillo, contratista del Estado que desvió 35 mil millones de pesos destinados a refrigerios escolares.
Según los promotores, es importante que los aspirantes a cualquier corporación publiquen su declaración de bienes para, en palabras de López, “contrastar lo que tienen con lo que hacen”. El punto cinco obliga a los congresistas a rendir cuentas de su asistencia y gestión en la corporación. Es decir, número de leyes aprobadas, proyectos presentados y debates a los que asistió.
Por último, se busca que la contratación se haga a través de pliegos que garanticen la participación de múltiples proponentes y permitan quitarle de las manos la ejecución a quienes se han apropiado de ella.
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