Me propongo seguir siendo un buen procurador: Alejandro Ordóñez

Para Ordóñez, la corrupción, lejos de atacarse con medidas sancionatorias, también se debe acompañar de políticas pedagógicas que no vayan en contra de la familia, pues es mediante esta que se trasmiten los principios y valores.

-¿Cómo analiza el proceso de paz?
"Los escépticos de ayer somos los realistas de hoy y los eufóricos de ayer son los escépticos de hoy frente al proceso de paz. Nadie es enemigo de la paz, pero una cosa es la paz y otra el proceso de paz.
El proceso puede ser legítimo o ilegítimo en la medida que logre respetar los derechos de las víctimas y de la sociedad. Allí hay varios errores, primero, no se exigió la entrega de secuestrados; segundo, no se exigió la entrega de los niños reclutados; tercero, se llegó a admitir que las Farc no son victimarios sino víctimas, e incluso que no son narcotraficantes.
También hay otra circunstancia, los cabecillas de las Farc no pueden salir a hacer política al Congreso como algunos quieren, pues son responsables de delitos de lesa humanidad.
Ahora, todo el mundo admite que para enfrentar esta macrocriminalidad se ha diseñado la justicia transicional y en esta justicia hay verdad, justicia y reparación; máximo de verdad, medios de reparación y mínimos de justicia, pero justicia. Colombia no se puede equivocar y si esto pasa, se habilita la jurisdicción internacional. Al país hay que hablarle con claridad y decirle cuáles serán los riesgos".

-¿Entonces, el Marco Legal para la Paz no será suficiente para garantizar justicia?
"Hay que esperar que la Corte Constitucional tome su decisión. Los Estados no son autónomos en estos procesos. Hay normas que son vinculantes y por amarrada que quede la negociación se somete al trasluz de la jurisdicción internacional".

-Según el fiscal Eduardo Montealegre, el derecho a la paz prima sobre los demás y dice que el Estatuto de Roma lo que pide es que se juzgue a los cabecillas de las Farc, pero no que tengan que pagar cárcel. ¿Qué opina al respecto?
"Soy amigo de Eduardo y al leer sus declaraciones, me parecen insostenibles. Y, por eso, yo voy a actuar en el Congreso cuando se esté discutiendo la ley estatutaria que reglamenta el Marco Legal para la Paz".

-¿Los negociadores en La Habana tendrían que sentirse inquietos con sus advertencias?
"No, yo dije que estaría muy atento a lo que se acuerde en La Habana. De pronto, me tendré que comer estas palabras".

-¿Cómo avanzar contra la corrupción?
"Hace no muchos meses, en un trabajo interesante de la Universidad Externado de Colombia o la Universidad Nacional, no recuerdo, se indicó que cerca de 9 billones de pesos se ven afectados por la corrupción en contratación exclusivamente.
Las políticas públicas del Estado han sido erráticas, porque se ha creído que los problemas de corrupción son solo de carácter sancionatorio, lo cual es necesario pero no suficiente. Hay algo más de fondo, el carácter moral, ético, los principios y valores; eso no se quiere afrontar con seriedad. Tenemos que hacer un gran esfuerzo pedagógico para generar ambientes culturales necesarios para formar en principios y en valores. Ahí es que surge el tema de la importancia de la familia, como célula vital mediante la cual se transmiten esos valores.
Pero hay políticas públicas destinadas a destruir la célula familiar y estamos recogiendo los frutos de esa disolución y de esa irrisión en nuestra identidad cultural.
Es un hecho sociológico no religioso de que Colombia es un país de tradición cristiana y hay toda una agenda global destinada a diluir eso que es nuestra cohesión social y la corrupción es la consecuencia de todo esto.
Hacemos esfuerzos, desde la institucionalidad tomando decisiones en tiempo real, cuando todavía los funcionarios están en ejercicio de sus competencias, porque ahí se hace una pedagogía dirigida a la sociedad y a quienes han incurrido en faltas que han afectado".

-¿Cuál es el objetivo en este segundo periodo como procurador?
"Yo aspiro a reconstruir la credibilidad en la institucionalidad. Lo que me propongo es seguir siendo un buen procurador".

-¿Cuántos procesos lleva la Procuraduría?
"48.000 procesos con una entidad de 4.000 funcionarios".

-¿Qué pasará con el caso Interbolsa?
"No se quedará en el aire, lo digo con conocimiento de causa, no le puedo decir más. Yo estoy a punto de tomar una decisión y no quiero mandar mensajes ni a los investigados, ni a los ahorradores".

-¿Qué opina del régimen especial de pensiones de algunos congresistas?
"El tema se ha presentado de forma interesada y populista, porque la desfinanciación del sistema pensional no surge a causa de las pensiones de algunos funcionarios. En el fondo del debate están los fondos privados de pensiones, porque a ellos les interesa el desmonte del régimen de prima media con prestación definida. La urgencia del desmonte es porque en los próximos años tienen que empezar a liquidar pensiones de jubilación y esas mesadas frente al régimen de prima media son bastante irrisorias, entonces el pánico que tienen es la migración de los fondos privados a los públicos.
Cuando se creó el concepto de pensión en el país se concibió como una retribución por el trabajo prestado y por eso era que no se cotizaba. Aquí se vino a cotizar en 1994, a partir de la ley 100. Cuando se empezó a cotizar, el Estado debía hacerlo también, pero no lo hizo durante 40 años y ahora la desfinanciación se origina dizque por 1.000 pensiones.
Ahora van a decir que el procurador, ternado por los magistrados, elegido por el Congreso, tendrá que decir lo que dice, pero yo esto lo he dicho desde el año 2000 como magistrado del Consejo de Estado y no me pensiono por el sistema de los congresistas o magistrados. Los problemas de desfinanciación vienen de la ineficacia administrativa, los empleados públicos no reconocen en tiempos razonables las pensiones y por eso las personas tienen que ir ante un juez.
La judicialización de las pensiones le genera al Estado un sobrecosto de más del 77 por ciento cuando una pensión no se reconoce de manera oportuna. Y esto es así por capricho del Ministerio de Hacienda. Entonces, estamos hace más de 25 años judicializando las pensiones con los sobrecostos que eso implica.
A mí me correspondió como procurador hacer una circular a Cajanal y al Seguro Social para que cumplieran con el régimen de transición, y al día siguiente me pidió audiencia el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry y el ministro de Seguridad Social de la época, el doctor Santamaría. Llegó el ministro con la circular en la mano y me dijo que eso le costaba al Estado 41 billones de pesos y que no la iban a cumplir, prefiero que me destituyan, me indicó. Una actitud desafiante bastante parecida a la de algún alcalde.
Entonces, me dijo: me tocará irme para la Corte Constitucional, y se fueron para allá. No se imagina el lobby que han hecho para lograr que una decisión que está políticamente justificada y muy populistamente presentada en defensa de los pensionados, ¡mamola…;, no es defensa de ellos sino de los fondos privados de pensiones".

-Pero, ¿por qué dar una pensión de tantos millones sin cotizar?
"Eso se puede hacer sin violentar el ordenamiento jurídico y los derechos adquiridos. Porque violentar los derechos adquiridos es sumamente grave, hoy es con eso, mañana será con el derecho a la propiedad, después con la salud, con la educación...
Eso está solucionado hace 27 años por la jurisprudencia del Consejo de Estado, con ponencia de Dolly Pedraza de Arenas frente a demandas de la Caja de Pensión General a magistrados y funcionarios judiciales que estaban un mes y se pensionaban con el salario devengado en el último año de servicio.
Hay cientos de miles de decisiones en ese sentido, al país no se le puede decir mentiras reiteradamente, porque terminan creyéndoselas. No hay daño fiscal, porque para reconocer la pensión se debe reconocer el valor de los factores no cotizados.
Yo voy a dar la pelea, porque detrás está el Gobierno que se convirtió en un instrumento de los fondos. Iré al Congreso para defender el régimen de prima media. Es que el proceso que avanza en la Corte Constitucional es jurídicamente insostenible. Y si revocan el régimen de pensiones para los congresistas, al otro día esos 1.200 pensionados van a demandar".

-¿Cómo van las investigaciones del "carrusel" de pensiones en el CSJ?
"Cuando hay pensiones ilegales que se demande, para eso está el ordenamiento jurídico".

-¿Cuál será el seguimiento de la Procuraduría sobre el fallo de La Haya?
"Le solicité a la Cancillería toda la documentación que exista sobre la materia desde 1980, también pedí las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Y vamos a valorar toda la información para hacer un pronunciamiento. Pero es indudable que la Constitución es clara: los límites del país solo pueden ser establecidos mediante convenios internacionales y por laudos arbitrales, no por decisiones judiciales".

-Hubo mucho ruido por supuesto clientelismo suyo en la campaña de reelección ¿tiene algún proceso por eso?
"Tengo muchas investigaciones en la Fiscalía y todo funcionario público que se respete debe tener investigaciones, pero no sé si por esos motivos tenga investigaciones. Pero el matoneo mediático que sufrí, fue consecuencia de lo que pensaba y pienso, no por lo que hacía. Se estaba reviviendo el delito de opinión, les resulta insoportable a algunos sectores mis convicciones religiosas, que yo sea católico, mis convicciones políticas y filosóficas, que hacía 40 años no había un procurador de mi talante. Cuando defiendo la vida, el matrimonio, la familia, lo hago con fundamento en el marco constitucional, no en mis convicciones personales. Sacan a relucir nombramientos, pero yo recibo perfiles de todos los ciudadanos, de funcionarios públicos y congresistas. No nombro por ser recomendado de los políticos, sino por los perfiles y si no funcionan se va".

-¿Y en ese orden de ideas, qué piensa de la dosis mínima para las drogas sintéticas que promueve el Gobierno?
"Ni estoy de acuerdo con la propuesta del presidente Juan Manuel Santos, ni con las declaraciones de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, por la manera y la forma en que pretenden justificar la legalización y despenalización de la droga, que no responde a nuestra realidad. Si se quieren legalizar las drogas, se debe ir a un referendo y preguntarles a los padres de familia si están de acuerdo con la legalización, pero se pretende sustentar con otra mentira. Aquí se dice que es inadmisible que quienes consumen droga vayan a la cárcel. En Colombia no hay solo presos por ser consumidor de drogas, porque legalmente es imposible, aquí se despenalizó el consumo personal hace más de 15 años. Otra cosa es que, como consecuencia del consumo de droga, cometan un delito. ¿No será que esto se está hablando en La Habana?, ¿las zonas productoras de coca están bajo dirección de quiénes?, ¿quiénes serán los beneficiarios de la despenalización, legalización o regularización de la droga?.
La legalización aumenta el consumo, Colombia se convirtió en consumidor a partir de la sentencia de la Corte Constitucional de 1996 y esto es lo que la Procuraduría en el libro Los Ocho Mitos de la Legalización de la Droga, indica. Se incrementó el consumo de cocaína y marihuana en un 230 por ciento a partir de ese momento. Somos un laboratorio y Colombia está siendo instrumento de intereses globales en esta materia, es un gran negocio. La legalización implicaría el aumento del consumo, ocasionaría que la producción esté en manos institucionales y ahí hay unos grandes intereses de las empresas farmacéuticas".

-¿Qué opina de la disputa entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos?
"A la vida política del país le ha hecho mucho daño el unanimismo que no es sano para la democracia, la crítica es propia de los escenarios democráticos y debe darse debate, pero hay que bajarle al tonito para decir lo que se debe".