La Corte Constitucional negó un incidente de impacto fiscal que la Procuraduría General de la Nación radicó relacionado con el proceso de revocatoria del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego y que indicaba que el costo de realizarla era muy alto.
La Procuraduría hizo la petición el pasado 6 de abril alertando “sobre la incidencia negativa que podría generar en las finanzas públicas la revocatoria” del alcalde Petro.
La Registraduría estimaba que el cumplimiento del fallo de tutela T-066 del pasado 16 de febrero de 2015 tiene implícita la inversión de recursos públicos provenientes del Presupuesto General de la Nación que afectarían de manera considerable a la entidad.
A pesar de esta decisión, aun hace falta que la Corte resuelva una petición de nulidad interpuesta por la Registraduría en contra de ese fallo que ordenó reactivar la revocatoria del Alcalde Petro.
En este caso, la Sala Plena podría empezar a aplicar las disposiciones tomadas por la Corte en una determinación referente al proyecto ley de participación ciudadana que fue avalado y que ahora está a la espera de la sanción presidencial.
Dicha normatividad fue condicionada por la Corte de forma tal que no se podrán presentar revocatorias en el primero y el último año de un mandatario.
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