El ex aspirante a la Alcaldía de Cartagena y exgerente de Corvivienda, William García Tirado, atraviesa un nuevo problema en su larga carrera política. Muchos en la ciudad lo agregan a la lista de futuros candidatos a suceder a William Dau en el Palacio de La Aduana.
No obstante, ese proyecto electoral puede acabarse antes de comenzar en firme pues la Procuraduría General de la Nación informó que lo investiga por presuntas irregularidades en la contratación de la vigilancia privada de los proyectos y la sede administrativa de Corvivienda, en sus tiempos como director de esa entidad.
“El ente de control profirió pliego de cargos al exgerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital de Cartagena -Corvivienda-, William García Tirado (2016 - 2018), y al exsecretario de Infraestructura de la ciudad, Wilson Herrera Díaz (2016), por presuntas irregularidades en la contratación de servicios y obras en la ciudad”, precisó el órgano. Lea aquí: Paisas, Fiestas de Independencia y un “desplante”: se viene demanda al Distrito
Supuestos amaños
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena procesa a García Tirado porque al parecer fijó requisitos desproporcionados para la contratación del servicio de vigilancia privada para los proyectos y la sede administrativa de la entidad.
Presuntamente, habría fijado puntajes adicionales de acuerdo con el nivel de preparación de los vigilantes, así como tiempo de experiencia y capacitación en relaciones públicas, condiciones incluidas sin un criterio técnico que habrían limitado la participación de oferentes interesados en brindar ese servicio.
“Presuntamente participó con su accionar en la inclusión de condiciones restrictivas a la libre competencia, violando con ello principios de la contratación pública”, estableció el Ministerio Público.
En el caso del ex funcionario Herrera Díaz habría fijado requisitos desmedidos para la construcción de un muro de contención y la pavimentación de una vía de Cartagena, obra que contaba con un presupuesto de $225 millones.
Según la investigación, se habría exigido que los contratistas y oferentes interesados tuvieran experiencia en construcciones de características similares, así como la vinculación de personal con conocimientos específicos, condiciones que para el órgano de control fueron incluidas en el pliego de condiciones sin justificación alguna.
Por consiguiente, se estableció que los imputados habrían vulnerado los principios a la igualdad y libre concurrencia de la contratación pública, por lo que se calificaron dichas presuntas prácticas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa grave.
Comentarios ()