Piden regular a moteles y ‘zonas rosas’ de Cartagena

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En el marco de los informes que se están presentando en el Concejo sobre Planeación, Control Urbano y otras dependencias, se generó el debate sobre la regulación del uso del suelo para ciertos locales comerciales, entre esos los moteles de la ciudad.

El concejal Lewis Montero Polo, se refirió a que la Secretaría de Planeación tiene muchos pendientes en la ciudad, como la modernización o estructuración de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y de un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de las Murallas, “al cual le han invertido mucho dinero y todavía no existe claridad”.

Pero Montero advirtió que “hay un desorden urbanístico en todos los rincones de Cartagena, donde el uso del suelo no se controla, donde no existe autoridad, con ejemplos palpables en la construcción de moteles en zonas residenciales”.

Para el concejal, la oficina de Control Urbano “no está funcionando como debería”.

Ante ello planteó que realizará un censo de todos los moteles que están funcionando en zonas residenciales que dará a conocer próximamente.

Dijo que en varias zonas urbanas y en barrios centrales, están operando estos sitios. Advirtió que debe existir una regulación de las zonas rosas de la ciudad. También conminó a la oficina de Control Urbano a “ejercer vigilancia sobre estos sitios, verificando que cumplan con todas las reglas”.

Informe de
Control Urbano

Asimismo, ante el informe presentado por el director administrativo de la Oficina de Control Urbano, Édgar Marín Támara, se abrieron una serie de interrogantes con respecto a las funciones y su responsabilidad frente al desarrollo urbanístico de Cartagena.

Los concejales coincidieron en afirmar que la tragedia sufrida por el edificio de los hermanos Quiroz, en el barrio Blas de Lezo, sumado a una serie de imposibilidades y vacíos jurídicos en la norma, además de las dificultades administrativas para atender la demanda de intervención en cada una de las localidades, obliga al Distrito de Cartagena a establecer y definir con urgencia las competencias que tienen las alcaldías locales, Policía Nacional, los inspectores de policía, las curadurías y los corregidores, frente al control urbano.

“Hay que reformar el manual de funciones de la Oficina de Control Urbano y revisar la aplicación del nuevo Código de Policía. Los inspectores de Policía solo tienen la facultad para actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo 206 de la Ley 1801, y para actuar no se necesita tener un banco de herramientas, simplemente deben oficiar al alcalde y decirle que luego de revisar un informe de la oficina de Control Urbano toca demoler o cerrar para que el Distrito actúe”, dijo el concejal de La U, César Pión.

A su turno, el concejal conservador, Rodrigo Reyes Pereira, se refirió específicamente a las facultades otorgadas por la Ley 1801 a los inspectores de Policía para frenar la proliferación de obras y construcciones en cada rincón de la ciudad, “una cosa es lo que dice la ley, y otra lo que constituye la carencia de herramientas para poder repeler cualquier acción, como la de tumbar una obra de construcción, eso requiere de un equipamiento especial, con el que hoy no se cuenta en Cartagena”, dijo Reyes.

“No hemos visto el primer edificio que se haya destruido para dar cumplimiento a la reglamentación urbanística, el debate que estamos planteando es que la administración a través de un proyecto de acuerdo o de un empréstito, pueda fortalecer el control urbanístico de la ciudad”, agregó el concejal.

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