Polo exige voto electrónico para las elecciones de 2014

El Polo Democrático Alternativo le exigió a los diferentes órganos del Estado que apliquen el voto electrónico para las elecciones de 2014. Según el Polo, la ley 1475 de 2011 ordena que antes de las próximas elecciones legislativas debe estar implementada esa forma de escrutinio.
“En Colombia la ley 892 de 2004 le ordenó al gobierno establecer el voto electrónico antes del 2009, obligación que no se cumplió. Además, el artículo 39 de la ley 1475 del 2011 reitera dicha obligación y dispone que ‘en ningún caso el término excederá su plena implementación más allá de las elecciones para Congreso se realizarán en 2014’”, asegura el partido a través de un comunicado.
La presidenta de la colectividad, Clara López, además denunció que en la organización electoral no hay participación alguna de los partidos minoritarios y de oposición “haría muy bien el Gobierno en ofrecer garantías serias de implementación del voto electrónico y de identificación biométrica. En Colombia no pueden seguir votando personas fallecidas, a extratiempo, a través de una corruptela de todos conocida y denunciada con la mayor impunidad.
Frente a los desarrollos de identificación biométrica que ha desarrollado la Registraduría, López dijo que cumplir la ley a medias no es cumplir la ley, “este es un problema de recursos, está en la mano del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, disponer de los recursos de la ley 1475 no podemos cortar a pedacitos a las garantías”.
A su turno el senador Jorge Robledo dijo que si hay un sistema corrupto en el país es el electoral, “todos sabemos que eso asquea y llevamos no sé cuantos años tratando de establecer el voto electrónico que intenta corregir ese fenómeno”.
Y concluyó diciendo “aquí se dice que cuando uno donde pone el dedo en el sistema de salud sale pus; pero cuando lo pone el dedo en el sistema electoral se le cae el dedo”.
El Polo concluyó su denuncia diciendo que si de aquí a las elecciones del 2014 no se implementa el voto electrónico, tomarán las medidas legales pertinentes para denunciar lo que ellos llaman falta de interés del Gobierno.