¿Por qué la Fiscalía le imputará cargos al gobernador de Cundinamarca?

18 de julio de 2015 09:17 AM

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Un contrato por 23.000 millones de pesos que fue otorgado en diciembre de 2009 por parte de la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial de Bogotá a la Unión Temporal Asfaltos —conformada por ICM Ingenieros e Incoasfaltos— tiene contra las cuerdas al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz.

Testigos del carrusel de la contratación como Emilio Tapia, Julio Gómez e Hipólito Moreno han vinculado a Cruz con la firma ICM Ingenieros y lo han señalado de entregar sobornos para garantizar la adjudicación de ese y otros contratos en momentos en los que Bogotá estaba cooptada por el cartel de la contratación.

En mayo pasado, agentes del CTI allanaron la oficina del gobernador y de Incoasfaltos e ICM para verificar si, en efecto, Cruz tiene vínculos o negocios con estas firmas. Según información que han entregado los testigos, para la adjudicación del contrato de 2009, se pagaron comisiones cercanas al 5 por ciento del valor inicial del contrato, que era de 15.689 millones de pesos y que terminó costando 23.000 millones de pesos.

La Fiscalía dio un paso trascendental la mañana de ayer. Un fiscal delgado ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos al gobernador Álvaro Cruz. Según el fiscal, a Cruz se le imputarían cargos por los siguientes delitos: interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza calificado y cohecho por dar y ofrecer.

Para la Fiscalía es un hecho que Cruz “entregó dineros a funcionarios públicos de la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial y a concejales de la ciudad que manejaban la mencionada entidad”. ¿Con qué fin? Favorecer “a la Unión Temporal Asfaltos 2009, compuesta por ICM Ingenieros e Incoasfaltos”. Los sobornos que supuestamente habría entregado el gobernador, dice la Fiscalía, “ascendieron a la suma aproximada de 800 millones de pesos y fueron obtenidos del anticipo entregado por la entidad pública para la ejecución del contrato”.

Cuando el gobernador se enteró de la noticia reunió a sus abogados para estructurar la defensa. Aunque no atendió a medios, el gobernador Cruz ha sostenido ante la Fiscalía que nunca fue el dueño de ICM, pero ha aceptado que fue asesor de la firma hasta 2010. De hecho, su cuñado, Jorge Iván Rozo Barragán, fue accionista de la firma ICM Ingenieros S.A.
Pasadas las cinco de la tarde Cruz dijo a través de Twitter que asistirá a la audiencia de imputación de cargos. “Es mi deber”, dijo.

Frente a los contratos que le fueron adjudicados a ICM durante la administración de Samuel Moreno, Cruz ha sostenido que éstos “se ganaron limpiamente”, pues pasaron por todos los procedimientos legales.

Sobre los sobornos que habrían recibido concejales y contratistas para favorecerlo, Cruz ha negado tajantemente que esta situación se haya presentado. Ahora deberá demostrarlo ante la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos. 

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