El 28 de marzo de 2020 el gobierno publicó un decreto legislativo con el cual se adoptaba el protocolo para garantizar la atención y la prestación del servicio de las autoridades públicas en medio de la pandemia. Sin embargo, en su momento la oposición indicó que dicha norma impedía el libre acceso de la información y el control social en medio de la emergencia. En el Congreso se radicó una norma que modifica dicha directiva presidencial.
El decreto firmado por el presidente es el 491 “por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
En su artículo 5 dicha norma sostiene que en el marco de la emergencia se amplían los términos para atender las peticiones “salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción”.
El proyecto radicado pretende “favorecer las condiciones de acceso a la información y de control social que ejercen los periodistas, los medios periodísticos, las organizaciones de la sociedad civil de protección de derechos humanos, las instituciones y personas que ejercen el control social a través de la investigación social y académica”. Insertando en el artículo que la ampliación aplicada por el decreto no aplica para los periodistas independientes o de medios de comunicación y todos los demás favorecidos.
De hecho, agrega la norma que según el artículo 83 de la constitución “no se le exigirá acreditación a los peticionarios beneficiarios por la Ley. La simple afirmación de los peticionarios de encontrarse en alguna de las situaciones previstas será suficiente para aplicar la excepción”.
Según el senador Roy Barreras “Firmo y apoyo la modificación del decreto que permita pleno acceso a los periodistas e investigadores a los documentos oficiales. La libertad de información es alma de la democracia”.
El proyecto es apoyado por Jorge Londoño, Senador del partido Verde; Rodrigo Lara, de Cambio Radical; Angélica Lozano del Partido Verde y Roy Barreras del Partido de La U.
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