Bajo el asunto de ‘queja disciplinaria en contra del señor Alberto Escobar Wilson-White, Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, por omisión de actuaciones relacionados con el Edificio Aquarela’, Fernando Luis Tadeo Martínez Méndez, envió al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, un documento con información relevante sobre este caso, donde indica unas presuntas irregularidades en la omisión de funciones.
Según el documento, conocido por El Universal, Escobar Wilson-White, presuntamente omitió la vigilancia y control sobre esta nueva edificación, violando así la Constitución, la Ley y el Reglamento, en detrimiento del patrimonio cultural del país y del Distrito de Cartagena.
Según el Martínez Mendez, en diversos escenarios, el señor Alberto Escobar Wilson-White ha negado la competencia de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura sobre Aquarela, sustenta esta afirmación citando textualmente al denunciado, quien ha asegurado que “al estar el proyecto por fuera del área de influencia del Castillo de San Felipe, no requería de la autorización respectiva del Ministerio de Cultura”.
Ante esta afirmación, Fernando Luis Tadeo señala en el documento que “de acuerdo a la Resolución 043 de 1994, reglamentación del Centro Histórico de Cartagena, se incluye el concepto de periferia histórica, donde indica que los barrios Manga, El Cabrero, Torices y Pie de la Popa, denominados zonas de protección ambiental, los alrededores del Castillo de San Felipe y las fortificaciones de la Bahía”.
Teniendo en cuenta esa información, cabe recordar que el Edificio Aquarela se encuentra ubicado en el barrio Torices, lo que quiere decir que “el Edificio se encuentra dentro del perímetro de la Zona de Protección Ambiental del Centro Histórico de Cartagena, por lo cual el Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura tenía competencia sobre el proyecto del Edificio Aquarela.
En ningún caso la competencia de la Dirección de Patrimonio se limitaba a autorizar y controlar intervenciones en el área de influencia del Castillo de San Felipe, sus deberes también implican las autorizaciones y controles sobe la zona de protección ambiental del Centro Histórico de Cartagena”, reza el documento.
Según la queja, entre las función de la Dirección de Patrimonio se encuentran la de: asesorar al Ministro en el diseño de la política estatal para la preservación, conservación, intervención y protección del patrimonio cultural mueble e inmueble de la Nación; elaborar, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos tendientes a la conservación, restauración, rehabilitación y atención de emergencia de los monumentos nacionales; propiciar la ampliación del conocimiento, la difusión, la protección, la conservación, la restauración y la valoración de los bienes culturales muebles e inmuebles, entre otras.
El denunciante deja unas preguntas sueltas que necesitarían de una profunda investigación, teniendo en cuenta las actuaciones del Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura.
“De haberse tomado acciones desde ese momento de la ejecución del proyecto no habría podido llevarse a cabo. En vez de ellos, la posición del señor Escobar fue la de buscar responsables en funcionarios del Distrito de Cartagena, por ejemplo, buscar actos administrativos que nada tenían que ver con el proyecto y que fueron mal utilizados por quienes expidieron la licencia (...) Con este y otros argumentos se pretende cargar al Distrito de Cartagena, la responsabilidad patrimonial por las consecuencias que se deriven de la demolición del proyecto, para que sea únicamente el Distrito y no la Nación la que asuma los costes del daño antijurídico”, finaliza.
Comentarios ()