Política


Procurador Fernando Carrillo, con la lupa sobre las aseguradoras de riesgo

“No podemos seguir comiendo cuento de que con compartir guantes, las ARL están cumpliendo con su obligación frente al personal médico”, dijo el procurador Fernando Carrillo.

ERNESTO TABORDA HERRERA

09 de mayo de 2020 12:00 AM

El personal de la salud de los hospitales en Cartagena, tanto públicos como privados, ve con esperanza los anuncios realizados por el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, de meter en cintura a las Aseguradoras de Riesgos Laborales ARL, para que cumplan con el suministro de elementos de protección para este sector, ante la pandemia por COVID-19.

Hace una semana los gerentes de las clínicas y hospitales privados e IPS de esta ciudad dieron a conocer las cinco variables que complican la atención médica ante el coronavirus, y una de ellas es la protección de los profesionales de la salud.

Pide investigar

Ante ello el procurador Fernando Carrillo Flórez pidió al Ministerio de Trabajo investigar y sancionar a las ARL que no estén cumpliendo con su deber de suministrar material de bioseguridad al personal médico.

“No nos podemos seguir comiendo el cuento de que con compartir guantes en unos kits, ya están cumpliendo con la obligación que tienen”, advirtió el jefe del Ministerio Público en su intervención virtual ante la Comisión de Ética del Senado.

Los elementos de bioseguridad

El ente de control, en una acción preventiva de vigilancia y seguimiento a las entregas que están haciendo las ARL, estableció que de los 7’051.559 elementos de protección personal dispensados a 2.231 IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), el 93% corresponde a guantes y mascarillas quirúrgicas (tapabocas).

Para el procurador resulta cuestionable que a pesar de que el Ministerio del Trabajo definió la lista de elementos de bioseguridad que deben ser suministrados, ARL como Positiva, Seguros Bolívar, Seguros Alfa y Colmena no han hecho entrega de monogafas; mientras que Seguros Alfa, Colmena y La Equidad Seguros no han incluido caretas de protección, polainas, ni gel alcohol isopropílico. En otras casos el número de elementos resulta insuficiente frente a la demanda.

Ninguna de las administradoras de riesgos laborales ha suministrado gorros desechables para los trabajadores de la salud que atienden casos de COVID-19, pese al alto riesgo de contagio en el que se encuentran, y a que este es uno de los elementos incluido en la lista definida por Mintrabajo.

¿Qué han entregado?

Como parte de la acción preventiva, la Procuraduría identificó la entrega de 1’427.373 mascarillas quirúrgicas, 2.257 monogafas, 10.016 caretas de protección, 31.758 visores, 97.890 polainas, 139.918 batas de manga larga, 4´836.328 guantes no estériles y 170.640 respiradores N95, estos últimos, considerados de vital importancia porque tienen como función proteger ojos, nariz, boca y tracto respiratorio.

680 mil trabajadores del sector salud cumplen una labor trascendental para lograr superar la pandemia. Para el procurador es indispensable “garantizar la protección de quienes se exponen a situaciones que ponen en riesgo su vida y su salud, y que podrían convertirlos en vehículos de transmisión del COVID-19”.

Especuladores

Luis Peercy, director general del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja en Cartagena, había advertido a este medio la difícil situación que afrontan las clínicas por esta situación.

“Es importante que haya un control sobre los elementos de protección para las personas que conforman el equipo médico para evitar el contagio del COVID-19. Desde que empezaron las medidas, ha habido inescrupulosos que han acaparado estos elementos; por ejemplo hoy se especula con los tapabocas N95 pasaron de costar 5 a 20 mil pesos; otros elementos que se están vendiendo no reúnen los requerimientos o estándares para la seguridad sanitaria”, dijo Peercy.

Para el funcionario en Cartagena, es importante un trabajo o acción en bloque de los entes de control para haya una regulación a la especulación con los precios, la calidad, entre otros. Pidió que las superintendencias de Salud, Industria y Comercio, el Invima, el Dadis a nivel distrital, controlen los abusos. Peercy también instó a las ARL a cumplir con las clínicas y hospitales de la ciudad.