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Procurador radica proyecto para dar garantías sobre sanciones a funcionarios

Para el proyecto, el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo acogió recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

REDACCIÓN POLÍTICA

08 de enero de 2021 05:15 PM

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, radicó ante la Cámara de Representantes del Congreso de la República un nuevo proyecto de ley para ajustar las sanciones del ente de control en lo que tiene que ver con investigaciones en contra de servidores públicos de elección popular en los casos relacionados a corrupción y violación de derechos humanos.

“La iniciativa acoge un sistema de garantías que en ningún caso debilitará las sanciones expeditas que deberán imponerse a los servidores públicos de elección popular cuando cometan actos de corrupción o incurran en violaciones a los derechos humanos. Un régimen legal que reafirma la tradición jurídica de las altas cortes colombianas y que redundará en actuaciones garantistas, efectivas y contundentes”, dijo el Procurador.

“Este proyecto, de ser ley de la república demostrará que es posible armonizar toda la convencionalidad como sistema integral y avanzar en un camino abierto de interpretaciones sistemáticas y evolutivas de plenas garantías de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y efectivas con las convenciones contra la corrupción”, añadió.

El proyecto acoge lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020 que condenó al estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

En este sentido, la propuesta establece que sea un juez administrativo quien defina la sanción de destitución e inhabilidad general que imponga la Procuraduría a congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales o ediles en casos de corrupción y violación de derechos humanos.

También propone que las sanciones de destitución e inhabilidad impuestas por la Procuraduría tengan control jurisdiccional automático e integral de legalidad antes de producir sus efectos jurídicos.

“De esa forma, se incluye el principio de jurisdiccionalidad y se da cumplimiento a lo expresado en el fallo de la Corte, lo que afianza la compatibilidad entre el sistema de responsabilidad disciplinaria y la convencionalidad, conformada por los tratados internacionales que acogen las convenciones en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción”, determinó el ente de control.

De esta manera, asegura, se fortalecerá el sistema de garantías en materia disciplinaria para el debido proceso bajo los parámetros del derecho penal y las reglas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Las sanciones estarán sujetas a que el fallo quede en firme. El plazo es de dos meses para que el juez administrativo tome una decisión sobre la sanción impuesta por la Procuraduría y tendrá efecto de cosa juzgada”.

Además, se contempla que vencido el plazo para proferir un fallo, la autoridad disciplinaria proyecte una decisión en un término máximo de tres meses, ya que de lo contrario se decretará la pérdida de competencia y se reasignará el caso a otra dependencia. Igualmente se propone que en los procesos que no ameriten destitución o inhabilidad se sigan aplicando las normas establecidas en la legislación disciplinaria vigente.