Este jueves 14 de enero se cumplió la primera de tres audiencias programadas este mes para definir la suerte del alcalde de Cartagena William Dau Chamat en medio del proceso disciplinario que le abrió la Procuraduría por haberse referido con ‘términos desobligantes’ a los directivos de la Universidad de Cartagena, a quienes calificó de ‘nido de ratas’, ‘malandrines’ y ‘corruptos’, en declaraciones dadas a los medios de comunicación el pasado 31 de julio de 2020. (Lea aquí: Alcalde Dau, a juicio disciplinario por llamar ‘nido de ratas’ a directivos de la UdeC)
En la audiencia, la Procuradora Delegada para la Vigilancia Administrativa, Asuntos Sociales y Paz, Ligia Morles Amaris, indicó que será el próximo 21 de enero cuando se defina si se archivará o no el proceso, de conformidad a la solicitud presentada por el apoderado del alcalde William Dau, Gustavo Quintero.
Esto, toda vez que se allegue la prueba documental relacionada al proceso de tutela que ordenó al alcalde retractarse de las declaraciones. Según la Procuradora, una vez el Juzgado Segundo Civil del Cartagena allegue esta copia, se decidirá sobre la solicitud. (Le puede interesar: Dau se disculpa por señalamientos contra directivos de la UdeC)
Cabe recordar, que fue el pasado mes de octubre cuando el juez ordenó al alcalde retractarse, y Dau hizo lo propio el día 21 de octubre cuando presentó excusas por sus declaraciones.
“Me permito precisar que los escándalos públicos de corrupción en los que se han visto envueltos algunos directivos de la Universidad de Cartagena no me autorizan, al momento de expresar mi opinión, a utilizar de forma general la afirmación y calificativos que usé en una publicación hecha el pasado 31 de julio de 2020, en la cual me referí a dicho personal directivo de la universidad como ‘un nido de ratas corruptos’, por lo tanto, elevo excusas por la forma en la que me expresé en la mencionada oportunidad”, manifestó el mandatario en ese entonces.
Testimonios
Por otra parte, la procuradora también agendó para la audiencia del 21 de enero a las personas que darán testimonio a favor del alcalde y también aquellas que fueron llamadas de oficio por el despacho.
Entre aquellos que hacen parte las pruebas presentadas por el apoderado del alcalde están Luter Larios Cardoza, quien funge como presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad de Cartagena y está citado para las 8:30 de la mañana; William Pérez, de la Asociación de Profesores de la universidad, citado para las 9:30 de la mañana; y Galo Torres Serpa y Jayson Brocheros, ambos denunciantes de presuntos casos de corrupción en el interior de la universidad, citados respectivamente para las 10:30 y las 11:30 de la mañana.
De oficio, se decretaron para rendir testimonio el rector de la Universidad de Cartagena, Edgar Parra Chacón citado para las 2 de la tarde; el representante de los docentes de la universidad, Ricardo Chica Geliz citado para las 3 de la tarde; la representante de los egresados, Amparo Montalvo Prieto citada para las 4 de la tarde; y el vicerrector administrativo Gaspar Palacio, citado para las 5 de la tarde, para un total de ocho pruebas que se evacuarán el próximo 21 de enero.
Ante esto, el abogado del alcalde, Gustavo Quintero, solicitó a la procuradora expresar la pertinencia de escuchar a estas personas, a lo que la funcionaria respondió que los citados por el despacho son los presuntos afectados de los actos de irrespeto por parte del alcalde que se investigan y que por eso es necesario escucharlos también.
Sobre las pruebas documentales, además de la copia del proceso de tutela, también se pidió un informe de las gestiones, alianzas y participación de la administración en los últimos 4 años con la Universidad de Cartagena.
La falta
La Procuraduría investiga la presunta vulneración por parte del alcalde de lo establecido en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, el cual afirma que se debe “tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que se tenga relación por razón del servicio”. La presunta falta del alcalde fue calificada por el ente de control como grave a título de dolo.
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