Yolima Carrillo, Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, le solicitó al alto tribunal que no estime pertinente decretar la pérdida de investidura en contra del senador Gustavo Petro, quien fue demandado por, supuestamente, incitar a la desobediencia civil.
A juicio de la delegada, “no se encuentran violadas las causales alegadas por los demandantes en el caso”, de ahí que le solicitara al magistrado José Roberto Sáchica no tener en cuenta los argumentos del abogado José Manuel Abuchaibe, quien instauró la demanda.
Para el abogado, el senador irrespetó la dignidad parlamentaria con sus pronunciamientos sobre la desobediencia civil y el no pago de servicios públicos que hizo en su momento a través de sus redes sociales.
“Ha irrespetado la dignidad parlamentaria valiéndose de su condición de senador y utilizando la importancia que tiene para influir de manera negativa en la comunidad generando pánico (...) de manera que su estrategia es formular propuestas populistas con el ánimo de cautivar votos en una candidatura presidencial en el 2022”, dijo el demandante en medio de la diligencia que se llevó a cabo de manera virtual.
Para Abuchaibe la actitud del senador es una conducta “tanto populista como irresponsable”, esto debido a que al evadir los pagos de los servicios públicos los primeros afectados serían los ciudadanos.
En su discurso, el demandante aseguró que Petro violó el régimen de incompatibilidades al valerse de su condición de senador para proferir juicios contra instituciones estatales y contra el presidente Iván Duque, al que desconoció como presidente de Colombia por el supuesto apoyo que recibió en su campaña de José ‘Ñeñe’ Hernández.
Luis Eduardo Parra, quien defiende los intereses del senador, por su parte aseguró que, la parte demandante no acreditó que las conductas del senador Gustavo Petro, con ocasión de su propuesta política de desobediencia civil, haya vulnerado los artículos que comprenden la justicia y el bien común.
Con dos negativas por parte de la defensa y de la Procuraduría, el Consejo de Estado tendrá que definir durante los próximos días si declara o no la muerte política del senador, quien está aspirando a la elección presidencial para 2022.
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