Se cumplió en el Concejo la audiencia pública al proyecto de acuerdo que busca organizar y reglamentar la ocupación de espacios públicos en el Centro Histórico, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo.
La iniciativa busca también que desde el ejecutivo se definan las actividades culturales y creativas a desarrollar, así como los beneficios normativos y tributarios respectivos, a realizarse en las llamadas Áreas de Desarrollo Naranja (ADN).
De acuerdo al autor del proyecto, el concejal César Pión, de la bancada de La U, el proyecto busca disminuir “la informalidad, a través de un plan de intervención donde se ofrezcan alternativas viables a las personas que tengan condición de informalidad, especialmente a vendedores informales semiestacionarios y estacionarios con confianza legítima”.
El plan de intervención consistiría en la capacitación empresarial para organizar los negocios; la reubicación en zonas de espacio público de manera legal, pagando una contraprestación por el uso del espacio público; y la presentación de proyectos o ideas de negocio que sean aprobadas, para que el Distrito les otorgue un capital semilla.
De acuerdo a las cifras suministradas en el proyecto, entre febrero y abril la ciudad tenía una población ocupada de 415 mil personas.
De estas, 183 mil personas eran empleadas por cuenta propia o informales y representaban el 44,09%; son las personas que se dedican en su gran mayoría a ser vendedores informales para solventar el día a día.
“Estos cartageneros no tienen estabilidad laboral, no reciben un ingreso fijo mensual. Las personas que están en la informalidad, muchas veces, devengan menos de un salario mínimo. Actualmente hay 3.382 vendedores informales con RUV (Registro Único Vendedores Informales) que tienen confianza legítima”, explica el proyecto.
“La meta principal es incrementar el espacio público en las ciudades. Las 55 ciudades del país que tendrán más de 100.000 habitantes contarán con 10 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante, en consideración con los estándares mínimos internacionales recomendados”, explicó Pión.
En la sesión en el Concejo participaron la gerente de Espacio público, Natalia Echeverry; la directora de Fenalco Bolívar, Mónica Fadul; y los concejales Ronald Fortcih, Javier Curi y Duvinia Torres.
Para Fadul es necesario tener en cuenta un estudio de impacto fiscal, para quien utilice el espacio público pague por ello. Así mismo, la dirigente gremial se refirió a las llamadas zonas de desarrollo naranja (ADN), que en otras ciudades se están implementando en predios privados. “Esta zonas ADN deben reglamentarse de acuerdo al Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP) y al Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”, apuntó.
Para Fadul, “ya existe una reglamentación y este acuerdo permite que se puedan seguir reglamentado con las nuevas áreas; y entender que este proyecto tiene dos componentes: la reglamentación y las ADN”.
Para la dirigente gremial es necesario que el Concejo y el ente territorial busque apoyo en el gobierno central para poder “construir una política a modo de ver el tema fiscal y acoplarlas a las definiciones del Plan de Desarrollo, para buscar mejorar las condiciones de vida de las personas que trabajan las ventas informales”.
Fadul llamó la atención sobre el censo de vendedores con confianza legítima y advierte que sobre eso debe existir un compromiso de la próxima administración que llegue a la ciudad.
Para el concejal Javier Curi es importante que en el proyecto “haya unidad de materia, reuniendo todas las iniciativas sobre economía naranja que desde este Concejo se han planteado y armar un acuerdo integral”.
El concejal dijo que es importante mirar al vendedor ambulante y al artista de la calle como un empresario y no como un “bandido”.
A su turno, el concejal Ronald Fortich denunció que existiría una mafia presuntamente conformada por funcionarios que “extorsionan a los vendedores ambulantes, prometiéndoles el certificado de confianza legítima, cuando esa condición la otorga un juez de la República”. Fortich pidió que se denuncie y se investigue ese cartel.
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