Proyectos de vivienda y enajenación a debate en el Concejo

11 de marzo de 2017 12:00 AM

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La bancada conservadora en el Concejo presentó una propuesta, aprobada por la plenaria, para llevar a cabo un debate sobre la actividad de la construcción y enajenación (venta) de vivienda en la ciudad de Cartagena.

Édgar Mendoza, autor de la proposición, explicó que la idea es revisar en qué estado está el proceso de inspección, vigilancia y control a la actividad de enajenación, construcción y arrendamiento profesional de vivienda en el Distrito.

“Esta es una de las actividades económicas más recurrentes y que mueve sumas millonarias de dinero en el negocio jurídico que surge entre enajenadores, compradores y entidades financieras; dineros que en muchos casos son fruto del esfuerzo laboral que por años hacen las familias que sueñan con tener una casa o vivienda, y que depositan en manos de aquellas compañías que se dedican formalmente y a veces hasta informalmente, a la actividad de enajenación de viviendas”, explicó Mendoza.

“La enajenación de inmuebles es la transferencia del dominio a título oneroso de las unidades resultantes de toda la división material de predios, la adecuación de terrenos para la construcción de viviendas o de construcción de viviendas en unidades independientes o por el sistema de propiedad horizontal”, se explica en la proposición.

También tiene que ver con la celebración de promesas de venta, el recibo de anticipos de dinero o cualquier otro sistema que implique recibirlo, con la finalidad de transferir el dominio de inmuebles destinados a vivienda.

De acuerdo con el concejal, en Cartagena hay que poner la lupa sobre estos procesos, a fin de proteger el dinero de los ciudadanos.
“Hay que resaltar que la finalidad primordial de las normas inmobiliarias son tres: garantizar la vivienda digna; proteger el patrimonio de los consumidores; y preservar el orden público en el territorio”, explicó.

Mendoza cree que “no se logra identificar en Cartagena una autoridad administrativa que se encargue de ejercer dichas funciones de inspección, vigilancia y control sobre las actividades relacionadas con la enajenación, construcción, arrendamiento e intermediación de vivienda; dejando en muchos casos a los ciudadanos a merced de la posición dominante que ejercen las compañías en esa relación contractual”.

La propuesta concluye que muchos cartageneros ven sus sueños de tener vivienda, en algunos casos, frustrados o convertidos en una pesadilla judicial “por cuenta de las deficiencias constructivas o desmejoramiento en las especificaciones de los inmuebles que son comercializados; los cuales se convierten en largos pleitos judiciales que truncan ese bello anhelo de tener una vivienda en condiciones normales de habitabilidad, todo por la inexistencia de una autoridad administrativa”. 

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