“Que el Distrito maneje obras de protección costera”: Concejo

12 de abril de 2018 10:03 AM

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El debate en el Concejo al proyecto de protección costera, una intervención de 7 kilómetros de playa entre Bocagrande y Crespo para contener la erosión y preservar la cinta costera, no convenció a los concejales promotores del debate Rodrigo Reyes, Javier Curi, Vicente Blel y César Pión.

Para Reyes, concejal conservador, la duda que aún persiste en el Concejo y la ciudadanía se refiere a lo expresado por el secretario de Planeación, Irvin Pérez, quien afirma que la ejecución de la obra estaría a cargo de la Oficina Nacional de Riesgos.

“No estoy de acuerdo con que el proyecto de protección costera sea manejado por el Gobierno Nacional”: dijo Reyes.

Pidió al alcalde encargado Sergio Londoño Zurek que se apersone y defienda la contratación del Distrito, y que sea la administración distrital la que tenga el manejo y control de las obras.

“En Cartagena contamos con mano de obra calificada que podría laborar en este ambicioso proyecto, el Distrito puede abrir una licitación y vincular a mano de obra local”, dijo Reyes.

Explicó que los recursos están garantizados gracias a la Ley del Sitio, el costo del proyecto asciende a $160 mil millones, de los cuales el Distrito aporta $60 mil millones. 

Reyes manifestó que viene trabajando para lograr que carperos, vendedores y dueños de kioscos sean vinculados al proyecto.

”Que el alcalde tenga en cuenta las recomendaciones del Concejo, que la licitación se haga desde la ciudad, a la cual se le realizará control directo en aras de evitar que suceda lo que pasó con el Plan de Ordenamiento Territorial”, fueron las recomendaciones del concejal conservador.

El concejal Curi Osorio se mostró inconforme con las respuestas dadas por Carlos Carmona, director de Valorización Distrital, sobre los planes sociales que se tienen previstos para beneficiar a  vendedores ambulantes y otros actores que laboran en las playas, dentro de los cuales se han establecido las compensaciones en especie o en dinero para los mismos.

“Hay que fortalecer la institucionalidad con definición de competencias y coordinaciones en las diferentes entidades para este tema de la protección costera”, dijo Curi.

“Siempre que hay un proyecto, ahí están los que sufren, porque no nos hemos puesto de acuerdo en las competencias que tenemos en el Distrito y nadie sabe quién las cumple o quién las hace”, apuntó por su parte el concejal César Pión.

Distrito explica obras

El director de Valorización Distrital explicó que para el proyecto se tiene prevista la construcción de 10 espolones sobre los 7 kilómetros de costa que se intervendrán; mejoras en las playas, establecimiento de tres rompeolas, construcción de una escollera longitudinal y un relleno artificial en las playas alrededor de 80 metros.

Reveló que se han realizado cuatro mesas de trabajo con distintos actores sociales y varios censos a los vendedores informales. La secretaria de Hacienda, Sibila Carreño, explicó que los recursos para las obras se tramitan ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Gobierno nacional. “El crédito aprobado por el Distrito fue de 112 mil millones, de ellos, son 60 mil millones para protección costera. Después de las ofertas de los bancos, fueron escogidos Bancolombia y BBVA por tener menor tasa de interés”, expresó. Irvin Pérez, de Planeación, dijo que aún no se ha decretado la calamidad pública sino que se ha dicho que hay riesgo inminente en esas zonas de playas.

Preocupaciones ciudadanas

Enrique Cabarcas, de la Asociación Cartagena Vallenata; Guillermo de Orta, representante de la Asociación de Carperos y Salvavidas, y Yamil Casarubia,  representante de los vendedores de raspaos, solicitaron garantías para su estabilidad laboral durante y después de finalizado el proyecto, y piden que se les asegure que volverán a su sitio de trabajo.

La coordinadora de asuntos políticos y del Observatorio del Concejo de Cartagena, de Funcicar, Alejandra López, manifestó con respecto a la declaratoria de calamidad pública:

“En la Ley 1523 de 2012 se determina que la calamidad pública debe tener en cuenta, por ejemplo, los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daño, y entre estos bienes se destacan las pérdidas de la integridad personal, la vida, la familia, la pregunta es si cuenta el Distrito con un informe técnico y fáctico sobre tales pérdidas, y este debe ser de público conocimiento”, dijo López.

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