En un documento enviado por la contralora, Sandra Morelli Rico, al Senado de la República sobre el proyecto de ley ordinaria de la Reforma a la Salud, advirtió que la misma no se concentra en los problemas fundamentales del sistema. Los reparos se resumen en ocho puntos que son consagrados en la misiva.
El primero punto, según la Contraloría, es que con el proyecto de ley no se cumplen las medidas de tipo administrativo que han sido ordenadas por la Corte Constitucional. El segundo, tiene que ver con que para la Contralora la Reforma se queda en aspectos no sustanciales, aunque costosos en su implementación, como liquidar o crear nuevas entidades.
Otro de los puntos es el de las gestoras, pues estas podrían replicar el modelo de las EPS y “nada garantiza que pase lo contrario” (...) Su fortalecimiento coincide con lo que ha venido pasando en la estructura corporativa de estas: activos y sociedades se van independizando de la matriz o EPS, y el Gobierno se queda interviniendo cada vez menos la estructura”.
Morelli Rico aseguró que el proyecto de ley “aplaza la solución e ignora la realidad objetiva que esa infraestructura adquirida con UPC, se ponga a nombre de las IPS, EPS o gerentes o administradores u otras, lo cual se debe sancionar penalmente”.
Las otras críticas se refieren a las gestoras pues sólo se les obligará a entregar recursos sin que exista algún tipo de control. También la preocupación por la medida de embargo y el futuro de la infraestructura hospitalaria, pues no se define un plan general.
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