Política


Representantes de colectivos buscan concertar con el alcalde Pereira

ERNESTO TABORDA HERRERA

01 de noviembre de 2018 12:04 AM

Muchos vehículos todoterreno de las marcas Nissan Patrol, Jeep Willys o Land Rover, en sus modelos de las décadas del 60 al 90 prestan en Cartagena el servicio de transporte colectivo.

Aquí los llaman “jeep  colectivos”, y se les ve transportar pasajeros  entre el mercado de Bazurto y los barrios de la faldas de La Popa como  Torices, San Francisco, La María, Lo Amador, desde hace más de 20 años; e incluso se les vio en el Centro de la ciudad por mucho tiempo.

Ante el crecimiento de la ciudad, también hay otras rutas, por ejemplo desde el sector El Amparo al barrio El Pozón o  hacia las nuevas ciudadelas al suroccidente y suroriente de Cartagena.

A pesar del aumento de taxis zapaticos que se han convertido en colectivos, las motos, la entrada en operación de Transcaribe, y otros medios, los ‘jeep’ siguen operando en la informalidad, como resistiéndose a la transformación urbana y de movilidad de la ciudad.

El debate

Representantes de esas asociaciones de conductores que operan en la ciudad, se comprometieron a reunirse con el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, para buscar salidas a la situación de ilegalidad en que están y está afectándolos.

Cesar Pión, concejal de La U, se refirió al debate como un espacio para intercambiar conceptos y llegar a contemplar soluciones. “Debemos trabajar por una conciliación con propietarios de ‘jeeps’ y camperos que prestan servicio de colectivo ilegal. La administración y el ente nacional no han tomado la responsabilidad sobre el asunto de los ‘jeeps’. Ellos llenaron un vacío que el servicio de transporte público había dejado en La María, San Francisco y sectores aledaños por más de 20 años, el Distrito fue permisivo y debe darle solución. También la Personería Distrital debe entrar a evaluar el caso debido a que son 400 familias que se benefician de esta actividad”, dijo Pión.

Habla el DATT
Para el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), Edilberto Mendoza Góez,  la ciudad está sufriendo las consecuencias de un descuido con relación a la operación de estos colectivos.

“Por una irresponsabilidad del Distrito dejamos abandonada esta ruta. La única manera en la que regulamos este servicio es pidiéndole al conductor que cumpla con requisitos como seguro Soat, la revisión técnico-mecánica al día y el pase de conducción. Sabemos que debemos adelantar acciones en torno a este transporte ilegal, sin que las familias se vean afectadas”, dijo Mendoza.

Afectados piden audiencia al Distrito
El gerente de la cooperativa Coomutransbol, Oswaldo Pérez, expresó ante la plenaria del Concejo que siempre ha existido voluntad para el diálogo por parte de los conductores.

“Siempre hemos estado prestos para buscar una solución, pero el Estado fue omisivo y en este momento transportamos más de 24 mil personas. Lo que pedimos es la creación de un fondo de mitigación social y que se genere apoyo en la creación de proyectos y la formación del recurso humano para que continúen con esta actividad o en otra”, dijo Pérez.

Asimismo el presidente de Asotrancar, Juan Carlos Trespalacios, dijo que el servicio es ilegal, pero que ahora se ha convertido en un transporte necesario. “Lo que existe es incertidumbre en nuestros proyectos de vida, por eso propongo mesas de trabajo y planes de emprendimiento productivo para quienes vivimos del transporte.”

Una representante de la Personería Distrital dijo ante la plenaria que la entidad realizará un censo de todas las familias que se benefician de esta actividad y que el Estado y el Distrito “deberán protegerlos”. Afirmó además que la entidad está dispuesta a participar en las mesas de trabajo que se lleven a cabo con el alcalde Pedrito Pereira.

“El Distrito busca una solución a los usuarios de los colectivos, que les brinde comodidad, seguridad, y eficiencia, pero esta debe también brindar garantías a los conductores”, dijo el ciudadano Alberto Márquez,

200 mil personas se benefician
Según un estudio del Colegio Mayor de Bolívar, cerca de 200 mil personas se movilizan en los vehículos conocidos como ‘jeep colectivos’, el 20 % de la población.  Así se dio a conocer en un debate realizado en agosto de este año en el Concejo. Ahí se planteó la realización de una mesa de trabajo para concertar con este sector, propuesta que ha venido dilatándose desde que entró en operación el sistema de transporte Transcaribe a finales del 2015.

El Universal conoció que tanto el Distrito en cabeza del alcalde encargado, Pedrito Pereira, como la gerencia de Transcaribe estudian una salida concertada y que arroje beneficios para los usuarios y transportadores de este servicio informal en Cartagena.

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